Pilar Marrero

Hay empresas que están haciendo mucho dinero con la detención creciente de inmigrantes: un negocio boyante que al parecer seguirá creciendo.

Las compañías que construyen y manejan prisiones privadas han estado viviendo un ‘boom’ de crecimiento en los últimos años, pero no por sus contratos estatales, ya que los estados tienen problemas presupuestarios, sino por sus negocios con el gobierno federal y particularmente, el crecimiento en detenciones de inmigrantes.

Hay tres principales compañías en el país que se dedican a la construcción, remodelación y administración de prisiones privadas y que obtienen contratos de gobiernos públicos: Corrections Corporations of America (CCA), GEO Group y Cornell. Esta última fue adquirida por GEO el pasado año, con lo que CCA y GEO se convierten en las más importantes.

Entre ambas, tuvieron ingresos combinados de casi 3 000 millones de dólares en el año 2010 y controlan un 75 % del mercado de las prisiones privadas. La mayoría de sus negocios están en contratos para prisiones estatales pero no es allí donde está el futuro para ellas: los gobiernos estatales no tienen dinero para nuevas prisiones.

"El dinero está en inmigración", señala Paul Ashton, investigador del Justice Policy Institute, una organización que hace unos días publicó un reporte sobre las ganancias de la industria correccional privada y cómo buscan influenciar políticas públicas que engorden sus ganancias.

"Los estados están recortando en todo, incluso en prisiones, por asuntos de presupuesto, pero el gobierno federal no tiene esa presión. Ellos están invirtiendo más y más en detener a inmigrantes".

La detención de inmigrantes ha aumentado constantemente desde 1996. De hecho, se ha triplicado el número de inmigrantes detenidos, por razones migratorias, desde esa fecha. Solo en los últimos cinco años la cantidad se ha duplicado, según un análisis de Detention Watch Network.

A las prisiones privadas también les ha ido muy bien en ese tiempo. Mientras la cantidad de prisioneros en general en Estados Unidos aumentó solo en 49 %, la población carcelaria en centros privados creció en 354 %, según estadísticas federales.

Las autoridades de inmigración (ICE) están en estos momentos llevando a cabo un proceso de reforma del sistema en que se detiene a los inmigrantes. Parte de ese proceso consiste en mover a los inmigrantes de espacio contratado en cárceles locales a centros de detención especializados y esto incluye la creación de nuevos centros para inmigrantes no criminales.

Justamente, GEO group hace poco publicó en su revista institucional (Geo World, publicada trimestralmente y disponible en su página de Internet), que obtendrán sustanciales ganancias de dos nuevos locales que manejará para el gobierno federal: uno en California y otro en Texas.

"Estamos finalizando la renovación del Centro Procesador de Adelanto para uso de un cliente federal, con capacidad de 650 camas", publicó la revista. Adelanto, una ciudad en San Bernardino a unas 9 millas de Victorville, tuvo que vender su cárcel local a GEO group por 28 millones de dólares porque la ciudad estaba al borde de la quiebra y necesitaba el dinero para mantener servicios públicos.

Pero para evitar que los empleados de la cárcel perdieran sus trabajos, Adelanto adquirió el contrato con ICE para tener allí un centro de detención de inmigrantes y GEO será subcontratada, añadiendo otras 650 camas y manejando el día a día de las operaciones.

En varios puntos del país, GEO está haciendo negocios similares con ciudades y estados para tener nuevos centros federales de detención de inmigrantes. El de Texas, según GEO, será "nuevo centro de detención civil" para inmigrantes de "bajo riesgo". Es decir, no criminales.

Todo esto es mucho dinero para esa empresa. Entre ambos locales, GEO ganará unos 15 millones de dólares anuales, según el mismo artículo de Geo World.

Desde el 2001, CCA ha tenido un aumento de ingresos del 88 % y GEO, de un 121 %. GEO es una empresa multinacional que también maneja la detención de inmigrantes en otros países.

Por ejemplo, GEO maneja una prisión para inmigrantes en Escocia ubicada en un castillo que antes perteneció a un duque y que la usaba para sus excursiones de caza y que ahora es propiedad del Gobierno de la Gran Bretaña.

Pero estas empresas no solo se ocupan de buscar contratos para ofrecer servicios de detención para los gobiernos. También, según el reciente reporte de Justice Policy Institute, gastan muchos millones en cabildeo a políticos que toman las decisiones no solo sobre contratos sino sobre presupuestos para detención y políticas de lucha contra el crimen. "Es difícil saber cuánto gastan realmente porque sus finanzas no son transparentes, precisamente porque son empresas privadas y no entidades públicas", indicó Emily Tucker, de Detention Watch Network. "Ahora mismo estamos analizando las relaciones que estas compañías tienen con funcionarios y ex funcionarios gubernamentales en el área de inmigración".

Por ejemplo Julie Myers, quien como subsecretaria de Seguridad Nacional y directora de ICE durante el gobierno de Bush, es ahora cabildera de GEO, luego de que la empresa compró otra compañía llamada Behavioral Intervencion (B.I) que Myers representaba ante el gobierno.

B.I. produce alternativas a la detención carcelaria, incluyendo los aparatos de monitoreo electrónico que se usan en las pantorrillas de algunos inmigrantes que salen bajo fianza.