La Asamblea Nacional venezolana someterá a primera discusión el
martes próximo el proyecto de ley para sancionar crímenes,
desapariciones, torturas y otros delitos de lesa humanidad cometidos
en 1958-1998, informó hoy su presidente Fernando Soto.
De acuerdo con el parlamentario, el debate coincidirá con el
aniversario 45 de la muerte del periodista Fabricio Ojeda, quien
presidió la junta que tuvo una participación significativa en la
derrota de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958.
Soto recordó que el reportero también participó en la lucha
armada y fue detenido y asesinado el 21 de junio de 1966 en los
calabozos del Servicio de Información de las Fuerzas Armadas, órgano
represivo del ejército de la época.
El pasado 31 de mayo, sectores populares entregaron al Hemiciclo
la Ley contra el Olvido y el Silencio, la cual propone el
establecimiento de las responsabilidades intelectuales y materiales
de los venezolanos asesinados, desaparecidos y torturados.
El instrumento de 21 artículos también aboga por la reparación e
indemnización directa e indirecta de las víctimas de esos sucesos.
De acuerdo con la diputada del Parlamento Latinoamericano Marelys
Pérez, la herramienta es un esfuerzo mancomunado de familiares y
amigos de las personas que sufrieron violaciones de derechos humanos
de 1958 a 1998.
La legisladora informó recientemente sobre la creación de una
Comisión de la verdad para promover la desclasificación de
documentos de la antigua Dirección General Sectorial de los
Servicios de Inteligencia y Prevención.
Esa instancia estará integrada por el Ministerio Público, La
Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional, entre otras
instituciones, y buscará sacar a la luz dichos textos, los cuales
guardan pistas sobre los crímenes y sus responsables.
En opinión de Peréz, la Comisión "permitirá que este nuevo Estado
de derecho, democrático, social y de justicia pueda deslindarse de
ese modelo que hizo de las violaciones una política".
Según estimados oficiales, al menos tres mil personas murieron,
desaparecieron o fueron torturadas por razones políticas en
Venezuela en operaciones comandadas por fuerzas de seguridad de los
gobiernos de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado.