Izquierda Unida (IU) rechazó este viernes la decisión del
Gobierno español de prorrogar la participación del país ibérico en
la intervención militar contra Libia encabezada por la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados (Cámara baja),
Gaspar Llamazares, reiteró la negativa de su agrupación a la
permanencia de España en una misión que, denunció, es una guerra de
ocupación para convertir al país magrebí en un protectorado, reporta
Prensa Latina.
Llamazares abogó en rueda de prensa por favorecer la negociación
política y diplomática de un conflicto que, según su criterio, se ha
empantanado y le cuesta a esta nación europea 15 millones de euros
al mes.
De esa manera aludió al acuerdo adoptado este viernes en la
reunión semanal del Consejo de Ministros, que dio luz verde a la
propuesta de la ministra de Defensa, Carme Chacón, de extender
indefinidamente la contribución española a las operaciones de la
OTAN en Libia.
La iniciativa aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero delega en Chacón la realización de los trámites de
solicitud de autorización oportunos ante la Cámara baja de las
Cortes Generales (Parlamento), encargada de convalidar dicho
aplazamiento.
Según trascendió, la colaboración de Madrid a la ofensiva contra
la nación norteafricana no implica cambios en las misiones asignadas
ni en el número de militares a desplegar, que se mantendría en 500
efectivos, incluidos los representantes en cuarteles generales.
Durante una reunión de la OTAN en Bruselas, la titular castrense
descartó el pasado miércoles la posibilidad de que los cuatro
cazabombarderos F-18 desplegados por España se involucren
directamente en los crecientes bombardeos contra el territorio
libio.
Por tanto, su misión se circunscribirá, como hasta ahora, a
preservar la zona de exclusión aérea impuesta por las Naciones
Unidas.
Además de los F-18, Madrid aporta a la operación dos aviones de
reabastecimiento en vuelo y una fragata, un submarino y una aeronave
de vigilancia marítima que garantizan la aplicación del embargo de
armas decretado por Naciones Unidas a Trípoli.
En principio, serán Chacón y la ministra de Asuntos Exteriores,
Trinidad Jiménez, las que comparezcan ante el Congreso para recabar
su autorización.
Sin embargo, IU no descarta exigir que sea el propio Rodríguez
Zapatero quien solicite el visto bueno al pleno de la cámara, como
hizo cuando se puso en marcha la misión, en marzo último.
Han debido cambiar muchas cosas en el seno del Gobierno para que
iniciara su mandato en 2004 con la retirada de las tropas de Irak y
quiera acabar esta legislatura manteniendo sin plazo un contingente
militar en otro escenario de guerra, subrayó Llamazares.