A partir de ahora la policía de ese estado podrá detener a un
sospechoso de ser indocumentado si es interrogado por cualquier otro
motivo, agrega PL.
La medida penaliza a quienes transporten a un indocumentado y
obligará a las empresas de ese estado a aclarar si cualquier
empleado nuevo reside legalmente en el país. También exige a las
escuelas públicas determinar el estatus migratorio de los
estudiantes y niega el acceso a educación superior a personas sin
papeles, agrega EFE.
"Esta ley, firmada hoy por el gobernador Bentley, va mucho más
lejos que la controvertida ley (de Arizona)", dijo en conferencia de
prensa Mary Bauer, directora del Centro Sureño Legal contra la
Pobreza (SPLC), quien calificó la medida como "inconstitucional",
"racista" y "mal intencionada".
"Vamos a entablar un litigio para desafiarla y esa es la postura
de otras organizaciones", aseveró Bauer.
SPLC y una coalición de organizaciones civiles entre las que se
encuentra la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)
presentaron ayer un recurso legal para solicitar a un juez federal
que bloquee la entrada en vigor en Georgia de la ley estatal HB 87,
similar a la SB1070.