LAURA BÉCQUER PASEIRO

El cambio histórico de la justicia está en tus manos. Este fue el llamado del presidente ecuatoriano Rafael Correa a sus conciudadanos para reformar un sistema judicial "ineficaz y salpicado de corrupción", y reforzar el combate contra la inseguridad, en referendo y consulta popular propuestos por su Gobierno.

Los ecuatorianos respaldaron la propuesta gubernamental para promover la seguridad ciudadana.

Al menos 11,2 millones de ecuatorianos acudieron a las urnas este 7 de mayo, en respuesta a un proceso que emprenderá enmiendas constitucionales y políticas públicas. De las diez preguntas propuestas, cinco tienen carácter de referendo, pues implican transformaciones a la Carta Magna concernientes al sistema judicial.

Estas plantean impedir la caducidad de la prisión preventiva para acabar con la impunidad; prohibir que las instituciones financieras y de comunicación privadas, así como sus directores y principales accionistas, tengan participación accionaria fuera de sus respectivos ámbitos, evitando así conflictos de intereses; sustituir el actual Pleno del Consejo de Judicatura por uno de Transición, que evalúe a todos los jueces para lograr una depuración profunda, y elegir así magistrados más honestos.

Las cinco interrogantes de la consulta popular proponen considerar un delito la no afiliación de los trabajadores al Seguro Social estatal; frenar el enriquecimiento ilícito; establecer un mecanismo que regule la difusión en los medios de mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios y exija responsabilidades a los emisores; la prohibición de algunos juegos de azar y la suspensión de espectáculos en los que se maten animales por simple diversión.

En la campaña electoral previa a la consulta, del 26 de marzo al 4 de mayo, el propio Correa reconoció que "hay errores que están costando muy caro". Uno de los temas más complejos es el relativo al sistema judicial. En varias ocasiones el mandatario ha recordado la existencia de "jueces indolentes y pillos que reciben dinero y otorgan más de 6 000 interrupciones de prisión preventiva a más de 250 acusados de violación, a sicarios, a bandas de asaltantes a mano armada, narcotraficantes".

El referendo pretende que ningún delincuente salga en libertad por trampas de su abogado o de funcionarios de la justicia, que provoquen retrasos expresos para acogerse a la caducidad.

La modificación expone además que los jueces sean seleccionados en 18 meses por un comité integrado por el Gobierno, un ente independiente de control y la Asamblea Nacional.

Conocida también es la reiterada denuncia del Gobierno de que los mayores adversarios al proceso revolucionario son los medios de comunicación corruptos, que cada día presentan un nuevo escándalo. Por ello, se sometió a consulta la creación de un Consejo compuesto por expertos, que controle los horarios en que se emiten programas inconvenientes para los niños y establezca la responsabilidad ulterior de los periodistas.

Lo anterior comprende igualmente que la prensa no esté fiscalizada por empresas que representen intereses ajenos a la intermediación comunicativa y al derecho a la información.

INICIATIVA GUBERNAMENTAL SATANIZADA

Desde que el presidente Rafael Correa presentó la idea del referendo popular el 18 de enero pasado, la oposición inició su campaña contra la iniciativa, promovida a través de las redes sociales. Incluso, se impulsó la operación Un dedo para Correa donde se llamaba a hacer una señal obscena como manera de protesta.

En este jueguito sucio los medios de comunicación no se quedaron atrás. Varios estudios independientes demostraron que hubo un sesgo informativo en contra de la consulta. En artículos editoriales y en notas informativas se satanizó la iniciativa gubernamental.