El gobierno venezolano, inmerso en un plan contra la estafa inmobiliaria, dispuso hoy acciones para ayudar a las víctimas de fraudes en ese sector a recuperar sus hogares.

El plan ofrece a las personas damnificadas la posibilidad de denunciar irregularidades con sus viviendas, según explicó Diosdado Cabello, diputado y miembro de la Comisión contra la Estafa Inmobiliaria en la Asamblea Nacional.

La mayoría de los afectados pagaron precios exorbitantes por apartamentos en edificios construidos en terrenos que ni siquiera eran propiedad de las inmobiliarias.

En el marco de la instalación de mesas técnicas legislativas para analizar esos problemas, el parlamentario aclaró que hasta el momento solo en los estados de Anzoátegui y Monagas se recibieron más de 300 impugnaciones, pero se prevé recorrer todo el país.

Esperamos que la población venezolana se encuentre satisfecha con la recepción de las querellas, las mismas que van a ser procesadas por los organismos competentes para dar un dictamen, dijo.

Cabello advirtió que los empresarios estafadores deberán pagar con la cárcel por sus delitos, mientras en retribución, el afectado recibirá asistencia del gobierno para recuperar sus pérdidas.

En febrero pasado, Luisa Ortega Díaz, fiscal general venezolana, solicitó el ingreso en prisión preventiva de los propietarios de empresas constructoras sospechosas de estafar al menos a un centenar de familias en todo el territorio.

Ortega Díaz garantizó además la entrega de casas a los afectados, según lo establecido en los contratos, así como el pago de las indemnizaciones, para lo cual solicitó congelar los activos de las constructoras y sus dueños.