De cínica califica este jueves la Embajada cubana en México las
declaraciones emitidas por el Gobierno de Estados Unidos, tras un
tribunal concederle la absolución del terrorista internacional Luis
Posada Carriles, en El Paso, Texas.
En un comunicado emitido en la capital mexicana, la misión
diplomática manifestó su decepción por el resultado del juicio y lo
justo sería que la Casa Blanca hubiera procesado a Posada Carriles
como terrorista o lo entregara a la justicia venezolana, que exige
su extradición desde hace cinco años", reporta Prensa Latina.
Recuerda que la causa de esta desvergüenza radica en que este
terrorista confeso ha gozado siempre de impunidad y protección por
parte de las autoridades estadounidenses, porque como agente de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) protagonizó numerosos actos
violentos en el continente.
Sin embargo, subraya el escrito, esa impunidad contradice
totalmente la política antiterrorista que dice practicar Washington,
al encarcelar injustamente a cinco cubanos por obtener información
para frustrar planes de organizaciones terroristas radicadas en la
Florida.
El comunicado de prensa advierte que este acto es una patente de
corso a los terroristas, quienes son homenajeados en Miami y gozan
de plena libertad, y una afrenta a todas las víctimas del terrorismo
en el mundo.
Al referirse al proceso judicial de Posada Carriles, la Embajada
cubana en México lo considera de farsa, debido a que las acusaciones
fueron por mentir a los oficiales de Inmigración al ingresar
ilegalmente a ese país en 2005, a pesar de las abundantes pruebas
que existen sobre su actividad terrorista.
Entre los connotados hechos que integran su amplio expediente
sobresale la explosión en pleno vuelo, en 1976, de un avión
comercial de Cubana de Aviación, en el que murieron 73 personas; así
como de varios atentados en hoteles cubanos en 1997, en uno de los
cuales falleció un turista italiano, indica la declaración.
También menciona un atentado contra el líder cubano, Fidel
Castro, durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Panamá en el
2000, por lo que fue condenado e indultado por la entonces
presidenta Mireya Moscoso, decisión que, según la Corte Suprema de
Justicia de ese país, fue ilegal.