NACIONES UNIDAS,
11 de abril.— Cuba solicitó hoy a la ONU que distribuya como
documento oficial de Naciones Unidas una denuncia de su Cancillería
contra la absolución del terrorista Luis Posada Carriles en una
farsa judicial en Estados Unidos.
La petición fue hecha por la misión permanente de la Isla ante la
organización mundial al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
En un comunicado de prensa, esa representación diplomática
destacó que luego de tres meses de farsa judicial en Texas, el
jurado solo necesitó tres horas para declarar inocente al connotado
terrorista.
Posada Carriles fue absuelto de 11 cargos de perjurio, fraude
migratorio y obstrucción de procedimiento, acusaciones irrisorias
comparadas con la magnitud de sus atentados terroristas, subraya la
nota.
Agrega que no importaron las pruebas irrefutables sobre su
participación en la cadena de atentados con bombas perpetrados en
1997 en La Habana, ni su responsabilidad en la voladura de un avión
de Cubana de Aviación en 1976, con 73 muertos.
Sin embargo, denuncia que mientras Posada Carriles es exonerado,
Cinco antiterroristas cubanos cumplen una condena colectiva de 99
años, más dos cadenas perpetuas, en Estados Unidos.
Señala que durante los casi 13 años que llevan en prisión, esos
hombres han sufrido todo tipo de trato inhumano y degradante en
cárceles norteamericanas.
La absolución de Posada Carriles es un insulto a los hijos sin
padre, las viudas y las madres que lloran debido a la estela de
muerte dejada por ese terrorista, sostiene la nota de la misión
cubana ante la ONU.
La declaración de la Cancillería apunta que Washington conoce la
participación de Posada Carriles en el atentado contra la nave de
Cubana de Aviación, de la campaña de bombas contra centros
turísticos y de sus planes para atentar contra Fidel Castro.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba preguntó además si
Washington será capaz ahora de desarrollar otro proceso contra
Posada Carriles por terrorismo o proceder a su extradición a
Venezuela, país que la solicitó hace ya más de cinco años.
El texto asegura que Estados Unidos está obligado jurídicamente a
acceder a esa petición por ser signatario de convenios
internacionales y en virtud de la resolución 1373 (2001) del Consejo
de Seguridad de la ONU.