CARACAS, 5 abril.— La fiscal general Luisa Ortega anunció hoy que el Ministerio Público creó una comisión para investigar y sancionar a los responsables de los crímenes ocurridos en Venezuela durante los años 60, 70 y 80.

Ortega indicó en la sede del ministerio que la institución emprenderá acciones para esclarecer los hechos y hacer efectiva la responsabilidad de aquellos que violaron los derechos humanos.

Designamos una comisión de cuatro fiscales, cinco asesores técnicos y varios especialistas adscritos a la Unidad Criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales, añadió.

Tenemos, subrayó, 85 testigos que entrevistar, tres exhumaciones, siete inspecciones técnicas, dos reconocimientos aéreos y 855 solicitudes que se comenzaron a procesar.

Según explicó, miles de venezolanos por motivos políticos fueron perseguidos, torturados, desaparecieron o se vieron obligados a huir.

Hizo énfasis en que ningún organismo internacional o regional se trasladó a Venezuela para verificar lo que estaba aconteciendo por esos años.

Comentó que sólo en el 2003 fue que la Comisión Interamericana presentó el único informe sobre Venezuela.

La fiscal precisó que hasta el momento se conoce que mil 188 venezolanos murieron o desaparecieron.

Es por ello, dijo, que el ministerio está activado para dar respuesta a las personas que lograron sobrevivir y a los familiares de las víctimas.

La funcionaria puntualizó que se abrió una oficina y habilitó un número telefónico para atender todos los casos.

Destacó que es importante el aporte que las personas puedan dar. Toda la información es importante, fecha, hora, lugares, todo lo que pueda hacer que la investigación avance.

Al ser interrogada por Prensa Latina, indicó que a cada persona se le tomó sus datos en aras de interactuar y abrir un conducto de comunicación a medida que vayan avanzado las investigaciones.

Sabemos que hay personas que no pueden trasladarse hasta Caracas, eso también lo tuvimos en cuenta.

Sobre el compromiso del ministerio con las víctimas señaló que la institución está llamada a proteger la integridad del pueblo venezolano y el respeto a los derechos humanos.

Es un compromiso que hemos venido asumiendo desde hace años atrás: Hacer siempre justicia.