Ante el hacinamiento de las cárceles chilenas (con un 70 % de sobrepoblación penal), la respuesta sería aplicar un indulto carcelario que alcanzaría tanto a civiles como a militares, incluyendo a los condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, solo si existe un gran consenso nacional.

Los responsables por los miles de desaparecidos en la dictadura de Pinochet, podrían ser liberados como parte de un plan de indulto destinado a aliviar la actual situación carcelaria.

Por muy increíble que parezca, esa es la vía que ha encontrado el Gobierno del presidente Sebastián Piñera para solucionar el problema. "Cuando se habla de razones humanitarias no se debe hacer ninguna distinción entre civiles o militares", subrayó el mandatario en el cierre de su visita a España.

El proyecto, pendiente de discusión en el Congreso, incluye un apartado especial sobre razones humanitarias para liberar a inculpados mayores de 80 años o enfermos terminales, además de la deferencia de que "no se puede distinguir entre civiles y militares".

De lograr el consenso nacional y cumplirse, el plan beneficiaría a los militares condenados por infracciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que dejó más de 3 000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.

Muchas voces se levantaron para expresar su rechazo, esgrimiendo que el debate es extremadamente sensible por las heridas aún abiertas de las víctimas del régimen de facto.

El miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Tucapel Jiménez, consideró que cuando La Moneda habla de igualdad ante la ley para civiles y militares, no va al fondo del problema. Es más, la distinción que debería hacer es entre delitos comunes y los de lesa humanidad cometidos durante la época pinochetista.

Acotó que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser sujetos a ningún tipo de beneficio porque existen tratados internacionales donde se establece que se trata de delitos imprescriptibles e inamnistiables.

Tal igualdad ante la ley nunca se cumplió en Chile, desde el mismo momento en que los antiguos uniformados cumplen condena en cárceles cinco estrellas, antítesis del habitual hacinamiento que caracteriza al resto de los penales del país sudamericano.

El senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, criticó asimismo que el Ejecutivo pretenda utilizar al Congreso para darle luz verde al proyectado indulto.

"Yo creo que él (Piñera), probablemente tenga compromisos de campaña algo ocultos, que no son tan públicos (...) y lo están presionando y condicionando en este tema", indicó.

Los tribunales chilenos mantienen abiertas unas 350 causas por desapariciones, torturas, encierros ilegales o conspiraciones que datan del periodo dictatorial, e involucran a unos 700 militares y agentes civiles.