La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz
Ramos, y la directora de la Policía Nacional, Aminta Granera,
acordaron hoy fortalecer la cooperación en el combate al
narcotráfico y el crimen organizado.
En el encuentro, la jefa de la Policía estuvo acompañada de toda
su plana mayor, mientras que -junto con la presidenta de la CSJ-
asistió la mayoría de los magistrados de ese poder del Estado.
De acuerdo con lo trascendido, el principal tema abordado fue la
preocupación de los órganos policiales por cierto grado de
benevolencia con el que jueces y funcionarios judiciales tratan a
narcotraficantes y otros delincuentes.
La directora de la Policía recordó las recientes sanciones
aplicadas por la CSJ a varios magistrados del Tribunal de
Apelaciones de Granada, quienes habían emitido previamente una
resolución para poner en libertad a un grupo de narcotraficantes.
Granera dijo a los magistrados que cada efectivo policial que
participa en la lucha contra el narcotráfico, pone en peligro su
vida y la de su familia, incluso algunos han fallecido en su labor,
por lo que solicitó mayor cuidado al momento de elaborar una
sentencia.
Al término del encuentro, la magistrada Ramos lo calificó de muy
fructífero y explicó que los jefes policiales les mostraron algunos
casos en los que hubo "alguna vulnerabilidad", aunque precisó que
son casos aislados y no la mayoría.
"Son casos específicos que nos preocupaban, compartimos con ellos
la preocupación de la policía por la libertad de estas personas que
consideramos son de alta peligrosidad y pueden hacer mucho daño a la
familia nicaragüense, dijo por su parte Granera.
La jefa de la Policía nicaragüense descartó que el crimen
organizado transnacional haya penetrado las instituciones del país y
explicó que, por esa razón, "nosotros todavía podemos hablar de
casos aislados, de problemas con algunos jueces, con algunos
magistrados de la Corte de Apelaciones".
Granera anunció, además, que la jefatura policial se reunirá con
diferentes sectores el país, entre estos los diputados de la
Asamblea Nacional y con el Ministerio Público, con vistas a buscar
formas para volver más rigurosas las condenas contra personas
involucradas en el narcotráfico y otros delitos.