La condena a prisión perpetua impuesta en diciembre pasado por la justicia argentina a Jorge Rafael Videla finalizó un año marcado por la aceleración de los procesos contra los represores de la última dictadura.

No puede concebirse una democracia en Argentina con Videla en libertad.

En su alegato, el dictador apeló a la teoría de los dos demonios para justificar el terrorismo de Estado: "Querían tomar el poder político para implementar un sistema marxista", apuntó, y según su visión de la historia argentina reciente, "ante la inoperancia de la Justicia, hubo que apelar a los uniformados".

El represor dijo, además, que en febrero de 1976 el entonces titular del partido Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín, le pidió que las fuerzas armadas dieran un golpe de Estado "cuanto antes" y "evitaran así una larga agonía a la República".

Videla fue sentenciado en esta ocasión por las torturas y el fusilamiento de 31 presos políticos en la Unidad Penitenciaria de San Martín, en Córdoba. También recibió prisión perpetua por los mismos cargos Luciano Benjamín Menéndez, quien era entonces comandante del III Cuerpo de Ejército, con asiento en ese distrito.

Por unanimidad, el tribunal federal oral consideró que los delitos de imposición de tormentos y homicidios fueron agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas. Ordenó, además, que Videla fuera recluido en una cárcel común.

Recibía de esta forma su segunda condena a prisión perpetua. La primera fue en 1985 en el juicio a los jefes de la dictadura, aunque cinco años después, el entonces presidente argentino Carlos Menem (1989-1999), lo indultó junto a otros militares condenados.

Su libertad duró poco. En 1998 lo detuvieron de nuevo acusado de apropiación de menores, y diez años después, cuando ya tenía varias causas en su contra, la justicia ordenó su traslado a un penal en el Campo de Mayo en Buenos Aires.

Videla encabezó el golpe de Estado que derrocó el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón (1973-1976). Justificándose, en su alegato sostuvo que "no fue una guerra sucia, sino una guerra justa en la que salvamos al país de los jóvenes idealistas que quisieron imponer una cultura ajena a nuestro tradicional estilo de vida, occidental y cristiano".

La violencia indiscriminada, persecuciones, represión, tortura sistematizada, desaparición forzosa de personas, manipulación de la información y terrorismo de Estado, caracterizaron lo que los dictadores denominaron Proceso de Reorganización Nacional, que gobernó hasta 1983.

Durante ese periodo, las fuerzas represoras del gobierno de facto hicieron desaparecer a 30 000 personas, en tanto resultaron muertos de 500 a 540 miembros de las fuerzas armadas.

El uso sistemático de la violencia y su extensión contra objetivos civiles como consecuencia de la toma del poder político por las Fuerzas Armadas, determinó la inmediata suspensión de los derechos y garantías constitucionales y propició la aplicación de tácticas y procedimientos bélicos irregulares a toda la población.

No obstante, la denominación de "guerra" es objetada por algunas organizaciones políticas y de derechos humanos, sosteniendo que se trata de un argumento esgrimido originariamente por la dictadura militar para justificar la represión indiscriminada. Más bien de lo que hablamos es de un genocidio, del que Videla fue el máximo responsable.

En ese sentido, el periodista argentino Luis Bruschtein señaló que "la condena a Videla resignifica a esta democracia. No podía concebirse una democracia con Videla en libertad".

Los juicios, a partir de la decisión política del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y el seguimiento de la actual mandataria Cristina Fernández, les devuelven la esperanza a muchos argentinos que aún esperan porque se les haga justicia a sus seres queridos.