La capacidad de asombro de los peruanos enfrenta la firme posibilidad de que el Tribunal Constitucional facilite la libertad del empresario corrupto José Enrique Crousillat, detenido tras estar diez meses prófugo, reporta Prensa Latina.

El presidente Alan García dijo que acatará la decisión que tome ese tribunal ante la apelación del empresario contra la decisión del mandatario de revocar en marzo de 2010 el indulto que le había concedido, por alegadas razones humanitarias, en diciembre de 2009.

El presidente dijo que si la corte anula su decisión de revocar el indulto de Crousillat, detenido el pasado lunes, eso escapa de mi voluntad política.

El presidente del tribunal, Carlos Mesía, ligado al partido de gobierno, dijo que el fallo sobre la legalidad de la revocatoria será dictado a más tardar en dos semanas, para acabar de una vez con este tema.

Un diario local afirma, sin identificar sus fuentes, que el tribunal ya decidió restablecer el indulto, lo que liberaría de responsabilidades al mandatario en el asunto y de paso dejaría impune a Crousillat.

Mesía adelantó que la Constitución no dice nada sobre la revocatoria de un indulto, por lo cual los magistrados tendrán que hacer una interpretación jurídica y aseguró que la corte no ampara la impunidad.

El presidente de la Corte Suprema, César San Martín, indicó que García tendrá que acatar el fallo si este indica que el mandatario no tenía derecho a dejar sin efecto el indulto, el cual es irreversible según los abogados del empresario y otros juristas que lo consideran cosa juzgada, similar a un fallo inapelable.

De otro lado, el presidente García manifestó irritación por las persistentes sospechas periodísticas y políticas de que la captura de Crousillat, fue una cortina de humo para distraer de una crisis que atraviesa el gobernante Partido Aprista.

Hay que ser sinvergüenza para decir que es una cortina de humo la captura de un prófugo, porque la detención es un hecho concreto, manifestó en torno a las críticas.

Diversos medios de prensa citan fuentes judiciales y policiales no identificadas según las cuales el escondite de Crousillat estaba localizado desde abril de 2010 sin que la policía hubiera actuado hasta el lunes último.

García indultó al empresario alegando su supuestamente precaria salud y en medio de críticas que lo acusaban de favorecer la impunidad, pero se vio obligado a anular la medida luego que la prensa mostró al indultado disfrutando de su libertad y en perfecto estado.

Además destituyó al ministro de Justicia, Aurelio Pastor, como responsable y defensor del indulto de Crousillat, a quien le faltan dos años para cumplir una condena de ocho, por haber recibido sobornos del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).