Los tres jueces del estado mexicano de Chihuahua, que declararon
inocente a un asesino, fueron inhabilitados y podrán enfrentar
cargos en un juicio político, por un escándalo de feminicidio con
trasfondo de corrupción, reportó Prensa Latina.
Los magistrados confirmaron que pedirán "asilo político" a
Estados Unidos, aunque jurídicamente no podrán ser juzgados, y
amenazaron con presentar su caso ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
"Las consideraciones de una resolución judicial no pueden
analizarse a través de un juicio político, porque ello implicaría
vulnerar la autonomía del Poder Judicial de Chihuahua", dijeron,
además de invadir el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.
La Corte, constituida por los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga,
Catalina Ochoa y Rafael Boudib, dejó en libertad, en abril de 2010,
al presunto responsable del homicidio de la joven Rubí Marisol
Frayre, su compañero sentimental Sergio Rafael Barraza Bocanegra,
según fuentes judiciales.
Ello provocó que la madre de la víctima, Marisela Escobedo,
comenzara una lucha por la justicia y después de recibir múltiples
amenazas para silenciarla, fuera asesinada a quemarropa en plena vía
pública en diciembre pasado, frente al Palacio de Gobierno de Ciudad
Juárez.
Posteriormente, integrantes del crimen organizado incendiaron la
empresa maderera del esposo de Escobedo, ejecutaron a su cuñado que
se encontraba en el lugar y amenazaran al resto de la familia.
El triple crimen familiar estremeció a la sociedad mexicana y
traspasó las fronteras para insertarse en titulares de la prensa
internacional, con fuertes acusaciones de corrupción política y
participación de estructuras oficiales, lo que ocasionó una presión
adicional para el esclarecimiento de los hechos. Los magistrados
inhabilitados responsabilizan del fallo a la Fiscalía estadual, que
no presentó la debida acusación y suficientes pruebas para condenar
al homicida, y afirmaron que por "solapar" a los verdaderos
servidores públicos ineptos, pretenden abrir un juicio en contra de
ellos.
Mientras, medios de prensa mexicanos informaron hoy que otra
activista por la defensa de los derechos humanos, Susana Chávez, fue
asesinada en Ciudad Juárez. Ella encabezó la campaña "ni una muerte
más".