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Responsabilizan a tribunal mexicano por feminicidio

Los tres jueces del estado mexicano de Chihuahua, que declararon inocente a un asesino, fueron inhabilitados y podrán enfrentar cargos en un juicio político, por un escándalo de feminicidio con trasfondo de corrupción, reportó Prensa Latina.

Los magistrados confirmaron que pedirán "asilo político" a Estados Unidos, aunque jurídicamente no podrán ser juzgados, y amenazaron con presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Las consideraciones de una resolución judicial no pueden analizarse a través de un juicio político, porque ello implicaría vulnerar la autonomía del Poder Judicial de Chihuahua", dijeron, además de invadir el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.

La Corte, constituida por los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Boudib, dejó en libertad, en abril de 2010, al presunto responsable del homicidio de la joven Rubí Marisol Frayre, su compañero sentimental Sergio Rafael Barraza Bocanegra, según fuentes judiciales.

Ello provocó que la madre de la víctima, Marisela Escobedo, comenzara una lucha por la justicia y después de recibir múltiples amenazas para silenciarla, fuera asesinada a quemarropa en plena vía pública en diciembre pasado, frente al Palacio de Gobierno de Ciudad Juárez.

Posteriormente, integrantes del crimen organizado incendiaron la empresa maderera del esposo de Escobedo, ejecutaron a su cuñado que se encontraba en el lugar y amenazaran al resto de la familia.

El triple crimen familiar estremeció a la sociedad mexicana y traspasó las fronteras para insertarse en titulares de la prensa internacional, con fuertes acusaciones de corrupción política y participación de estructuras oficiales, lo que ocasionó una presión adicional para el esclarecimiento de los hechos. Los magistrados inhabilitados responsabilizan del fallo a la Fiscalía estadual, que no presentó la debida acusación y suficientes pruebas para condenar al homicida, y afirmaron que por "solapar" a los verdaderos servidores públicos ineptos, pretenden abrir un juicio en contra de ellos.

Mientras, medios de prensa mexicanos informaron hoy que otra activista por la defensa de los derechos humanos, Susana Chávez, fue asesinada en Ciudad Juárez. Ella encabezó la campaña "ni una muerte más".

 

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