PHOENIX.— Ante las pocas probabilidades de que se apruebe una reforma migratoria a nivel federal y por el endurecimiento de las leyes estatales contra la inmigración ilegal, muchos indocumentados se preparan para regresar a sus países de origen.

"La situación cada vez está peor, no solo porque es muy difícil encontrar trabajo, sino porque ya no puedes vivir con tranquilidad, siempre tienes en la mente el temor de ser arrestado por la policía", dijo Juan Martínez Ramos, inmigrante indocumentado, originario del estado mexicano de Michoacán.

La familia Martínez está vendiendo todos los muebles de su apartamento de dos habitaciones en Phoenix, con la esperanza de juntar un poco más de dinero.

"El sueño americano se acabó para nosotros", dijo el padre de tres niños, todos ellos nacidos en Estados Unidos.

La familia espera dejar el estado entre el 20 y 21 de diciembre, justo a tiempo para poder llegar con su familia a México y celebrar la Navidad.

Martínez, de 42 años, quien por más de siete trabajó en la construcción, se quedó sin empleo hace un año y desde entonces ha tenido que sobrevivir haciendo "trabajitos" en casas particulares, reparando paredes, techos y colocando ventanas.

"No solo es la falta de empleo, ahora con la ley SB1070 quieren hacernos sentir como 'criminales' a las personas que no tenemos papeles", aseguró Martínez, quien llegó a EE.UU. hace diez años, cruzando a pie el desierto de Arizona.

La ley estatal SB1070, que entró en vigor el pasado mes de julio, es la primera en Estados Unidos en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados.

Aunque una jueza federal bloqueó temporalmente las provisiones más controvertidas de la ley, entre ellas una cláusula que permite a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de las personas "sospechosas" de ser indocumentadas, activistas consideran que el impacto ha sido tremendo entre la comunidad inmigrante en Arizona.

"La SB1070 ha tenido un impacto tremendo no solo en la economía del estado, sino también un impacto psicológico y moral entre las familias inmigrantes", aseguró a EFE Magdalena Schwartz, pastora y activista en la ciudad de Phoenix.

Afirmó que muchas son las familias que están preparándose para dejar el estado durante el mes de diciembre o para principios del próximo año.

"Algunas familias se van a ir a otros estados y otras regresarán a México", dijo la activista, quien trabaja con inmigrantes en Arizona.

Schwartz sostuvo que la SB1070 ha tenido un fuerte impacto psicológico, ya que los inmigrantes tienen miedo a la policía y a denunciar abusos.

"Después de las elecciones generales y que los republicanos conservadores que se oponen completamente a una reforma migratoria ganaron, especialmente aquí en Arizona, las esperanzas de muchas familias terminaron", dijo la pastora de la iglesia Comunidad de Vida.

La falta de empleo, la crisis económica y, sobre todo, la constante tensión en la que vive Rosario García, de 34 años, la llevó a tomar la decisión de regresar a México junto con sus dos hijos, durante la última semana de diciembre.

García, inmigrante indocumentada originaria del estado mexicano de Chihuahua, declaró que a pesar de sus intentos no ha podido encontrar trabajo en Tucson, lugar donde reside desde hace 12 años.

Por muchos años, García trabajó como mucama en varios hoteles de lujo en esta ciudad, pero después que entró en vigor la ley estatal de sanciones a empleadores en el 2008, le fue cada vez más difícil encontrar empleo ya que cuando contrastaban su información con la base de datos E-verify, se daban cuenta de que no contaba con un permiso de trabajo para laborar en Estados Unidos.