Actualizado 1:45 p.m. Hora local

Endurecen sanciones contra violadores de menores
en Bolivia

Condenas de hasta 30 años de cárcel, la máxima sanción en Bolivia, sobresalen hoy en la nueva norma ratificada por diputados sobre Reformas al Código Penal para la Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes, informó Prensa Latina.

De acuerdo con Juan Carlos Cejas, presidente de la Comisión de Constitución de esa instancia, de esta manera se protege lo más valioso de la sociedad, que es la niñez.

El legislador del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) explicó que sólo resta que el presidente Evo Morales promulgue la nueva ley, aprobada en septiembre en la cámara baja y que sufrió algunas modificaciones formales en el Senado.

Señaló que las condenas contra las personas que violen los derechos de ese grupo social serán de 30 años de cárcel y estarán exentos de beneficios penitenciarios como la libertad condicional.

"Esta ley busca proteger a los menores de edad de los maltratos físicos, psicológicos y, más que todo, de las violaciones y asesinatos", remarcó.

Añadió que esa norma crea, también, tipos penales para sancionar la pornografía infantil.

Por su parte, la diputada Norma Piérola, de la opositora Convergencia Nacional (CN), consideró que se necesitan además políticas preventivas para enfrentar este tipo de delitos.

La norma prevé además sanciones de cinco a 10 años de cárcel a la persona que contagie por medio sexual o extrasexual el síndrome del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH sida) y, en caso de que la víctima resultare ser una niña, un niño o un adolescente, la pena será de 10 a 15 años.

El proyecto de Ley fue propuesto por el actual presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, quien calificó la reforma como histórica porque se protege a los menores de los vejámenes, maltratos físicos, psicológicos y otro tipo de delitos.

En Bolivia, en los últimos años, se constató que el índice de violencia se incrementó, lo que genera un marcado rechazo en la sociedad, que expresó su enérgico reclamo al Estado para la implementación de mecanismos de protección del vulnerable sector de la niñez.

 

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