Este artículo, el más controvercial dentro del proyecto de ley sobre la inmigración debatido desde el martes en la Asamblea Nacional, fue sancionado por 75 votos contra 57 y la promesa de los diputados de izquierda de protestar ante el Consejo Constitucional.

Según sus argumentos, esta enmienda viola el artículo primero de la Constitución de la República que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Desde que el presidente francés, Nicolás Sarkozy, notificó este propósito en el verano pasado recibió duras críticas de asociaciones, grupos de izquierda y numerosos partidarios de centro y de su propio Partido Unión por un Movimiento Popular (UMP).

Así, el parlamentario de derecha Étienne Pinte, que votó en contra del texto, ve una maniobra dirigida a captar electores del ultraderechista Frente Nacional.

Francois Sauvadet, presidente del grupo Nuevo Centro dijo en referencia al jefe de la cartera de Inmigración, Eric Besson, que un ministro no debe ser solamente el titular del reenvío a la frontera.

Por su parte, Jean-Marc Ayrault, jefe de los diputados socialistas señaló que se estaba legitimando la extrema derecha.

Un crimen es un crimen. Un criminal es un criminal. Un francés es un francés, cualquiera que sea su genealogía, su castigo debe ser idéntico, declaró días antes de la discusión del texto.

El debate en la Asamblea Nacional se inició en medio de una oleada de censuras de organismos internacionales, jefes de Estado y asociaciones contra el Gobierno galo por las recientes expulsiones de comunidades gitanas, calificadas de discriminación.

No obstante, cuando la prensa anticipó ayer una fuerte sanción de la Comisión Europea al Ejecutivo, el asunto quedó pospuesto en espera de que París presente documentos probatorios del acatamiento de la directiva sobre libre circulación.