La huelga general contra los
planes de ajuste del gobierno español puso hoy sobre la mesa un
potente mensaje: el creciente descontento social de quienes están
siendo sancionados por una crisis que no provocaron.
España se estremeció la víspera por el primer paro nacional que
los dos principales sindicatos ibéricos, Comisiones Obreras (CC.OO.)
y la Unión General de Trabajadores (UGT), realizan contra las
políticas económicas de José Luis Rodríguez Zapatero.
Motivos más que suficientes para una protesta por el duro recorte
del gasto público, una reforma laboral que facilita y abarata el
despido, reducción de salarios, congelación de pensiones y un
proyectado plan para extender la edad de jubilación a 67 años.
Contra la mayoría de los pronósticos, la séptima huelga general
de la democracia española no terminó con la derrota del
sindicalismo, pese a que casi todos los titulares de la gran prensa
la juzgan este jueves de fracaso.
Los descalificativos de los medios de comunicación (de 10
periódicos sólo uno reconoció el impacto de la movilización) no
tomaron por asombro a los máximos representantes de las dos
centrales obreras.
Para nada me sorprenden esas valoraciones, respondió hoy de
manera tajante el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández, a
una pregunta de la conductora del programa Los Desayunos, de
Televisión Española.
Imagino lo que dirán mañana los grandes titulares de los medios,
pero más temprano que tarde reconocerán este clamor popular,
anticipó anoche Fernández al cierre de una gigantesca marcha en
Madrid, como colofón de la jornada de reivindicaciones.
Su homólogo de la UGT respaldó ese punto de vista cuando denunció
que hemos sufrido una campaña de descrédito obscena.
Pararon unas 10 millones de personas, ratificó Méndez tras
asegurar que independientemente de la visión cuantitativa, hay una
cualitativa, justo la excluida de casi todos los análisis
periodísticos, más inclinados a la versión de la patronal, que cifró
la asistencia en un poco creíble cinco por ciento.
Al margen de las guerras de cifras y de quién fue o no a
trabajar, la movilización de los trabajadores quedó patente en las
multitudinarias manifestaciones que sacudieron todas las grandes
ciudades de este país, opinó el matutino Público.
Cientos de miles de personas se congregaron en un centenar de
urbes como Madrid, Barcelona, Valencia o Andalucía, según cálculos
sindicales.
Un importante aviso a la administración de Rodríguez Zapatero
que, a juicio de Público, tendrá ahora que decidir si lo considera
justificación suficiente para dar marcha atrás en una controvertida
reforma laboral que precariza el empleo.
El movimiento sindical ha puesto el dedo en la llaga al denunciar
que tanto en España como en el resto de Europa, los gobiernos de
turno intentan desvirtuar el éxito de las protestas para esconder el
progresivo malestar frente a los planes de austeridad.
Unas medidas que sólo en esta nación sumergen en el desempleo a
más de cuatro millones y medio de asalariados, el doble de la tasa
de la Unión Europea (UE).
La desazón, por tanto, ha calado en los últimos meses en muchos
estados del bloque comunitario, con levantamientos en Atenas, Roma,
París, Riga, Varsovia, Praga, Nicosia y la de ayer en Bruselas, el
mismísimo corazón de las instituciones de la UE.
El sindicalismo español convidó al gobierno a tomar nota del
alcance de la huelga general que paralizó gran parte del país y le
exigió una rectificación de su política económica de corte
neoliberal.
Después de acusar al gobierno de Rodríguez Zapatero de convertir
en culpables a las víctimas de la debacle financiera, deploró que su
partido, el Socialista Obrero Español, aceptara de manera sumisa el
chantaje de los mercados financieros.
Pero el mensaje más categórico de las centrales obreras fue que
únicamente negociarán con el poder central desde la rectificación de
sus políticas antisociales, aprobadas bajo presión de los organismos
multilaterales de crédito.
Tan de moda por estos tiempos, los programas de austeridad, en
lugar de acelerar la recuperación del empleo y de la economía, como
sostienen sus promotores, castigarán a los sectores más
desfavorecidos, advierte el movimiento sindical europeo.
O lo que es peor, ensancharán la brecha entre ricos y pobres en
un continente que se preciaba de sus altos índices de bienestar y
miraba ese fenómeno como algo privativo del llamado Tercer Mundo.