El Centro de Investigaciones de Energía Solar (CIES) ubicado en Santiago de Cuba, es la institución rectora en el estudio de la radiación solar y a la vez encargada de coordinar la difusión de las tecnologías para su aprovechamiento en toda la geografía nacional.

Rubén Ramos, director de la entidad, expresó a la AIN que la tecnología se concibió con el fin de llevar el fluido eléctrico hasta las comunidades montañosas, de difícil acceso para el Sistema Electroenergético Nacional, y comenzó por el poblado serrano El Mulato, en el oriente de Cuba.

Desde entonces, decenas de instalaciones fueron ejecutadas por el CIES subrayó Ramos- y como resultado los sistemas fotovoltaicos se convirtieron en la opción más importante para la electrificación de los objetivos económicos y sociales aislados.

Antes del triunfo de la Revolución, el esquema energético nacional era el típico de un país capitalista subdesarrollado, donde la electricidad llegaba apenas al 56 por ciento de la población y era desconocida en la gran mayoría de los campos de Cuba.

En el alegato de defensa de Fidel Castro en 1953, conocido como La historia me absolverá, el Comandante en Jefe reconoce la situación cubana cuando señala que dos millones 800 mil personas de la población rural y suburbana carecían de luz eléctrica.

Actualmente, todas las escuelas rurales del país cuentan con este servicio por poner un ejemplo- con su consecuente impacto social al posibilitar a toda la nación los nuevos programas educativos basados en la utilización de medios audiovisuales e informáticos, enfatizó Rubén Ramos.

Según refirió el investigador, a partir del año 1997 en ese centro, que cumple el ciclo de investigación-producción, se dio un nuevo paso de avance con la instalación de las dos primeras centrales fotovoltaicas en el país para la atención de más de 200 habitantes de los asentamientos rurales de Santa María del Loreto y El Triunfo, en Santiago de Cuba.

Un servicio eléctrico de alta calidad, ininterrumpido y estable, es uno de los grandes impactos logrados en el nivel de vida de los ciudadanos y en la economía nacional, reflejado en un ahorro superior a las 262 toneladas de petróleo y otros lubricantes y en la garantía de la iluminación pública y doméstica.