Grandes sospechas prevalecen hoy
en los casi 12 millones de afganos que deben acudir a las urnas ante
el presentimiento de un fraude masivo y la inseguridad reinante para
las votaciones de mañana a la segunda Loya Jirga.
Las denuncias de falsificación de carnés y compra de votos
matizan el ambiente electoral de donde emergerán las 249 bancas de
entre dos mil 556 aspirantes a la Cámara Baja del Parlamento.
Esos escaños se reparten en 35 circunscripciones, 34 provincias y
un distrito general para los nómadas kuchíes, y son elegidos
mediante un sistema de sufragio único, que en las elecciones
parlamentarias de 2005 mostró una elevada dispersión del voto.
El portavoz de la Comisión Electoral Independiente (CEI), Noor
Mohamed Noor, expresó a la prensa su preocupación por la
falsificación de carnés, pero manifestó su duda de que puedan usarse
el sábado porque son de mala calidad y se puede apreciar claramente.
Noor recordó, además, que una vez depositado el voto, el elector
queda marcado con una tinta indeleble durante 92 horas, por lo cual
resulta difícil que una persona pueda sufragar dos veces.
Con anterioridad, fuerzas afganas de seguridad ocuparon 100 mil
cedulas de votantes falsificadas en la provincia suroeste de Ghazni,
que confirmó la denuncia.
En total, la CEI estableció seis mil 835 colegios, de los cuales
938 ubicados en 25 de las 34 provincias afganas no se abrirán sus
puertas por razones de seguridad y sus electores podrán acudir a
alguno cercano.
Para el analista y experto electoral de la Universidad de Kabul,
Najeed Manalay, las denuncias de preparativos para el fraude son
tantas que la Comisión Electoral debería posponer los comicios.
El mismo día 18 comenzará el recuento y se emitirán datos
preliminares, pero los resultados parciales serán publicados el 9 de
octubre y los definitivos, una vez conocidos los dictámenes de la
Comisión de Quejas, llegarán el día 30 de ese mes.
Tras el fraude masivo registrado de los comicios presidenciales
de 2009, el Jefe de Estado, Hamid Karzai, destituyó al presidente de
la CEI y también redujo los representantes de la ONU y la Comunidad
Europea presentes en la Comisión de Quejas, que denunció ese
controvertido resultado.