Las audiencias públicas continúan
hoy en Bolivia para debatir a profundidad la Ley contra el Racismo y
todo tipo de Discriminación, ratificada en Diputados, precisaron a
Prensa Latina fuentes parlamentarias.
El senador por Potosí (sur), Eduardo Maldonado, del gubernamental
Movimiento al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de
Constitución, explicó que esos encuentros comenzaron la víspera con
el gremio de periodistas.
Para el legislador es vital ese tipo de debates sobre el proyecto
de norma, que en el caso de los profesionales de la prensa causó
preocupación y demandas sobre la presunta política de coartar la
libertad de expresión.
Según Maldonado, los parlamentarios y los comunicadores quedaron
satisfechos tras revisar dos artículos, entre ellos el 16, de los
más polémicos, debido al anuncio de la posibilidad de cerrar medios
que difundieran frases racistas.
Agregó que ninguna organización o institución planteó oposición a
la naturaleza antirracista y antidiscriminatoria del proyecto
legislativo.
Por su parte, el ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la
Prensa de La Paz, Boris Quisberth, dijo que plantearon además el
respeto a la vigente Ley de Imprenta.
También el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz,
Pedro Glasinovic, indicó que fue una reunión preliminar y positiva.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de
la Cámara de Diputados, Marianela Paco, comentó que es importante
tener en cuenta el carácter preventivo de la Ley antirracismo
Paco señaló que esa medida promueve la convivencia en armonía y
sanciona en el ámbito jurisdiccional la intolerancia racial,
cultural, económica y social.
También explicó que en sus artículos referidos a la prensa, la
ley pretende que retomen su función principal de informar y educar a
la población, y no restringir la libertad de expresión.
La también asambleísta por el MAS explicó que a partir de esta
ley no podrán expresar mensajes de racismo en medios de
comunicación, como ha sucedido en los últimos años.
Paco precisó que el racismo podrá ser sancionado con penas entre
uno y siete años de cárcel, de acuerdo a las conductas y expresiones
racistas o discriminatorias en todas sus formas, además de los
insultos.