Zapatero afirmó que los más de mil 500 soldados permanecerán en la nación centroasiática hasta que la situación allí deje de suponer una amenaza para la comunidad internacional y para los españoles.

Durante una comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados (Cámara baja), el jefe del ejecutivo se comprometió, no obstante, a trabajar con eficacia y en todas las dimensiones del conflicto para que esa misión concluya cuanto antes.

Recordó que el presidente afgano, Hamid Karzai, se fijó como meta que la policía y el ejército de la nación centroasiática, invadida en 2001 por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, se hagan cargo de la seguridad en 2014.

En sintonía con Washington y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Zapatero adelantó que en la cumbre de la alianza atlántica, a celebrarse en Portugal en noviembre próximo, se evaluará cómo y cuando debe concretarse esa transición.

Si bien reconoció que esa misión militar no puede tener una duración indefinida aclaró que la presencia de tropas internacionales en la convulsa región está amparada por Naciones Unidas en el marco de la OTAN.

De esa manera, el también líder del Partido Socialista Obrero Español expuso sus planes respecto a la cada vez más cuestionada misión castrense en Afganistán.

Anunció, además, que España aportará 60 millones de euros adicionales para la misión hasta 2012.

Tras el asesinato de dos guardias civiles y un traductor en la base de Qala-i-Naw el pasado 25 de agosto, partidos políticos con representación parlamentaria instaron a Zapatero a dar la cara ante el Congreso y cumplir con ese requisito.

El deceso de esos uniformados elevó a 92 el número de españoles fallecidos pertenecientes al contingente desplegado en Afganistán desde 2002, por decisión del entonces gobierno de José María Aznar, del conservador Partido Popular (PP).

Entre los grupos que exigieron la rendición de cuenta de Zapatero está la coalición Izquierda Unida (IU), cuyo portavoz en el Congreso, Gaspar Llamazares, renovó a principios de mes su pedido para que el jefe de gobierno establezca un calendario de retirada.

Llamazares rechazó los sucesivos incrementos de tropas aprobados por el ejecutivo socialista.

En particular fustigó la decisión, sancionada a principios de 2010, de despachar hacia el terreno de operaciones a medio centenar de miembros de la Guardia Civil con el declarado propósito de adiestrar a la policía y el ejército afganos.

El legislador de IU alertó contra cualquier tentación por parte del Palacio de la Moncloa (sede del poder central) para no aportar a la Cámara baja un plan de salida de las tropas.

Si el jefe del gobierno no presenta el día 15 un calendario de retirada de nuestras tropas en Afganistán, la comparecencia carecería de sentido y sería una iniciativa vacía, opinó entonces.