Un conocido jurista peruano advirtió que una amnistía para
sentenciados o acusados de delitos de lesa humanidad sería
inaplicable y reiteró la posibilidad de una medida gubernamental de
ese tipo, reporta Prensa Latina.
El abogado Ronald Gamarra, de la Coordinadora de Derechos
Humanos, hizo la advertencia al afirmar que el Ejecutivo estaría
preparando una norma legal que dispone la prescripción de crímenes
cometidos en décadas anteriores.
Señaló que el Consejo de Ministros proyecta establecer que sólo
son imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cometidos a
partir de 2003, lo que determinaría el archivamiento de juicios
contra cientos de militares.
Esos procesos están referidos a matanzas, desapariciones y otros
crímenes entre 1980 y 2000, en la represión de los grupos armados, y
que afectaron en muchos casos a civiles no combatientes.
Según Gamarra, el gobierno se equivoca al preparar lo que otras
fuentes jurídicas consideran una amnistía encubierta que dejaría
además impunes matanzas que ni siquiera han sido judicializadas.
Diversos tratados y sentencias de organismos internacionales y
del Tribunal Constitucional dicen que ningún crimen de lesa
humanidad prescribe, para evitar la impunidad, remarcó.
El jurista rechazó una campaña periodística conservadora que
pretende que los atentados contra los derechos humanos de militares
y policías no sean considerados crímenes de lesa humanidad.
Reiteró que tal pretensión es imposible, también por la
jurisprudencia internacional y los compromisos contraídos por el
Estado peruano en la materia.
Gamarra fue representante de la parte civil y uno de los
principales acusadores del ex presidente Alberto Fujimori
(1990-2000), condenado a 25 años de cárcel por dos matanzas y hechos
de corrupción.
De otro lado, la Corte Suprema ratificó una condena de 20 años de
prisión impuesta en 2006 por un tribunal al ex asesor de
inteligencia y brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos
Torres, por tráfico de armas a Colombia.
La sentencia es la más dura aplicada a Montesinos, quien tiene
otras causas pendientes y antes fue condenado sin que las penas sean
acumulativas- a 15 años por sobornar a los canales privados de
televisión y a 10 años por corromper a jueces y fiscales.