MÉXICO, 25 agosto.—Autoridades mexicanas investigan el asesinato
de 72 personas, al parecer emigrantes indocumentados de El Salvador,
Honduras, Ecuador y Brasil, cuyos cadáveres fueron hallados en un
rancho ubicado en el noreste del país.
Los cuerpos aparecieron en la localidad de San Fernando, en el
estado de Tamaulipas, 58 eran hombres y 14 mujeres, dijo PL.
Según confirmó el secretario técnico del Consejo de Seguridad
Nacional y vocero de la Estrategia de Seguridad Nacional, Alejandro
Poiré, todavía está sin confirmar la nacionalidad de los difuntos y
los motivos de los homicidios.
Los cadáveres fueron encontrados ayer durante un operativo en que
integrantes de la fuerza naval repelieron una agresión de presuntos
integrantes de la delincuencia organizada en San Fernando.
Una persona herida de origen ecuatoriano se presentó ante
personal de la Armada de México para solicitar su apoyo ante la
agresión recibida, a partir de ahí se supo del crimen.
Constituye "un suceso sumamente grave, absolutamente indignante y
que exige la condena unánime de toda la sociedad y de todas las
autoridades, que no admite titubeo en nuestra condena del crimen",
dijo Poiré.
Autoridades del Gobierno Federal trabajan en las averiguaciones y
otros trámites pertinentes de acuerdo con sus competencias.
Conforme avancen las pesquisas se informará del caso, aseguró el
funcionario, quien inscribió el suceso en el contexto de los
enfrentamientos entre el cartel del Golfo y Los Zetas, que
anteriormente operaban de manera coordinada.
Por esa pugna interna, desde finales del año pasado aumentó
sustancialmente la violencia en el noreste del país, admitió el
representante gubernamental.
Algunas organizaciones criminales se dedican al secuestro y
extorsión de migrantes indocumentados de origen centro y
suramericano.
Esto sugiere que la delincuencia organizada está en una situación
muy adversa para abastecerse de recursos financieros y para reclutar
personas voluntariamente, señaló Poiré.
El subsecretario de Relaciones Exteriores Salvador Beltrán del
Río informó que aunque no existe certeza de la nacionalidad de las
72 víctimas, se procedió a dar conocimiento del incidente a
embajadas y representaciones diplomáticas de los cuatro países
aludidos.
Ello tiene el propósito, precisó, de que colaboren con la
Procuraduría General de la República y otras instancias competentes,
tanto locales como federales, en la identificación de los asesinados
en San Fernando.
Están en marcha todas las diligencias, subrayó el vocero de la
Procuraduría General de la República, Ricardo Nájera, una de ellas,
ilustró, son las relacionadas con criminalística de campo a fin de
determinar cómo perdieron la vida esas 72 personas.