Luego de una reunión la víspera del primer ministro francés, Francois Fillon, con varios integrantes del gabinete claves en este asunto, la administración recibió a los secretarios de Estado rumanos Valentin Mocanu y Valentín Fatuloiu.

Mocanu es el responsable de la Reinserción de Gitanos mientras Fatuloiu atiende la cartera del Interior en Bucarest. De momento sólo trascendió la voluntad de ambos Gobiernos de estrechar la cooperación para resolver el entuerto.

Los ministros del Interior, Brice Hortefeux, y de Inmigración, Eric Besson, así como el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, cerraron filas con Fillon en la necesidad de actuar con firmeza, continuidad y justicia.

Fillon recalcó, a pesar de los aires en su contra de la oposición y la iglesia católica, que las acciones iniciadas para acabar con la ocupación ilegal de terrenos y reconducir a los gitanos irregulares a sus países de origen son razonables.

De acuerdo con el primer ministro la mayoría de las deportaciones son voluntarias, sin mencionar que se entrega a cada persona que decida regresar a su territorio 300 euros por adulto y 100 por niño, cifras que muchas veces aceptan por necesidad.

Las imágenes de aplanadoras que destruyen los campamentos de los gitanos contrastaron con el supuesto clima armónico que pretende mostrar el Gobierno del presidente conservador Nicolás Sarkozy.

Francia prometió de todas formas estrechar nexos con sus pares de Rumania y Bulgaria con el fin de adoptar medidas que permitan mejorar la situación de los gitanos.

De cualquier modo, la decisión de expulsar a 700 rumanos y búlgaros residentes de forma ilegal en el país, así como el desmantelamiento de 300 campamentos de gitanos, mantuvo tenso el clima político galo.

Dominique de Villepin, ex primer ministro y actual líder del nuevo partido República Solidaria, no escatimó epítetos para desbarrar de su enemigo político y antiguo compañero de la centroderecha gobernante, es decir Nicolás Sarkozy.