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La compra de Compañía Mexicana de Aviación (CMA) y sus dos filiales
por la empresa Tenedora K, lejos de resolver la crisis financiera,
agravó el conflicto, indican los acontecimientos ocurridos en las
últimas horas.
La intención de los nuevos dueños de la CMA y sus líneas de bajo
costo, Link y Click, es despedir al ciento por ciento de sus
trabajadores y recontratar sólo a una cuarta parte con una especie
de convenio de protección.
Según declaró ayer el secretario del Trabajo, Javier Lozano, la
entrada de Tenedora K no garantiza la salvación de la empresa aérea.
En el tema de Mexicana estamos todavía en fase delicada y
crítica, reconoció el jefe de la política laboral en el país, quien
pidió a Tenedora K presentar una propuesta más sensata y digna.
Lozano reconoció que sí hubo estrategia de restarle valor a la
línea grande (CMA), pasárselo a las pequeñas y con ello afectar los
contratos colectivos de trabajo; pero eso ya quedó atrás .
Sindicalistas y economistas nacionales habían alertado que la
descapitalización de la CMA respondía a una quiebra ficticia y al
intento de desmantelar gremios históricamente activos frente a
violaciones patronales.
Hasta el momento no hay acuerdo entre los nuevos dueños de la
aerolínea y los sindicatos, y Tenedora K asegura que los costos
laborales son más graves de lo que se contemplaba.
Sobre la liquidación de los trabajadores, los ejecutivos
señalaron que el recorte no sería para los pilotos, sino para los
mil 300 sobrecargos.
La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación catalogó de
ilegal e inadmisible la propuesta de liquidar al ciento por ciento
de los empleados.
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México pidió al
gobierno federal su intervención mediante la designación de un
administrador provisional, a fin de mantener las operaciones y dar
un espacio para poner de acuerdo a las partes en conflicto.
Tenedora K asumió la misma postura que los anteriores directivos
de la CMA: responsabilizar a los trabajadores de la quiebra por los
supuestos excesos en pagos y otras prestaciones.
La Secretaría de Comunicaciones y Transporte sigue sin fijar
postura sobre este caso.