A F. Cuan sus conocimientos informáticos y su desempeño como técnico de radio, les sirvieron para poner en marcha un "trabajito" que le aportaría unos cuantos pesos. Toda labor honrada y útil vale. Pero no era el caso. El modo de actuar y los medios utilizados transgredían la Ley.

A quienes realizaban esos negocios ilícitos les fueron ocupados equipos receptores de señales satelitales y otros medios.

Sin tener autorización legal, y utilizando tarjetas satelitales DIRECTV que recibía de Estados Unidos mediante mecanismos violatorios de las disposiciones aduanales, se dedicó a comercializarlas en el capitalino municipio de Centro Habana.

Contactó con personas poseedoras de los medios necesarios para recepcionar las señales satelitales, y les propuso la venta de dichas tarjetas en sumas que oscilaban entre 30 y 40 CUC. Por la recarga de las mismas cobraba hasta 30 CUC mensuales.

El negocio prosperaba y decidió expandirlo. Así entregó un grupo de tarjetas satelitales a su cliente A. Correa, quien obtenía una ganancia de 5 CUC por cada operación de venta o recarga.

Una de las tarjetas fue a parar a manos de R.Talles. Ni corto ni perezoso, y viendo la posibilidad de "abultar su bolsillo" con el menor esfuerzo, aprovechó que poseía en su domicilio un receptor satelital para captar señales y, sin estar autorizado, extendió cables coaxiales hacia inmuebles vecinos. De este modo les facilitaba la recepción de señales televisivas extranjeras, cobrándoles por el ilegal servicio 5 CUC al mes.

En registros policiales efectuados en las viviendas de estos ciudadanos, fueron ocupados los medios utilizados para desarrollar estas ilícitas actividades, entre ellos, equipos receptores de señales satelitales, amplificadores, varios metros de cable coaxial y libretas donde anotaban datos de sus clientes.

Los tres fueron sancionados por los tribunales populares a penas de privación de libertad y trabajo correccional por el delito de Actividades Económicas Ilícitas. Para este tipo de actuación, el Código Penal establece condenas máximas de tres años de privación de libertad o multas de hasta 1 000 cuotas, o ambas.

Como ocurre en casos similares, a los "clientes" —también violadores de disposiciones legales— se les imponen medidas administrativas consistentes en elevadas sanciones pecuniarias y el decomiso de los bienes empleados para la recepción ilegal de las señales de televisión.

Pero, ¿cómo llegan las tarjetas? ¿quiénes alimentan negocios de esta índole, transgresores de políticas y legislaciones cubanas e internacionales, y violatorios de nuestra soberanía?

Tarjetas Made in USA

A finales de febrero M. Orozco fue sancionado por el Tribunal Municipal de San Miguel del Padrón a dos años de privación de libertad, por cometer el delito de Actividades Económicas Ilícitas. Él es ciudadano cubano residente en los Estados Unidos.

Entre los años 2004 y 2006, desde ese país Orozco envió a Cuba más de 800 tarjetas satelitales.

Aprovechando que laboraba como instalador y reparador en la compañía DIRECTV, y transgrediendo las regulaciones aduanales establecidas, en el 2004 logró introducir en el país un decodificador satelital y un grupo de tarjetas. Estos llegaron a manos de un familiar cercano a través de diferentes personas que viajaban hacia Cuba, quienes en pago recibían cinco dólares por cada tarjeta satelital.

Estas eran comercializadas en el país por personas —ya sancionadas—, que se dedicaban a su venta y recarga, y recibiendo a cambio 5 CUC en cada operación.

Con igual proceder, Orozco satisfacía la demanda de diferentes personas residentes en Cuba que le realizaban pedidos de tarjetas satelitales por la vía del correo electrónico, dedicándose además a la activación de las mismas desde el exterior. Por disposición suya, el dinero era recogido por un familiar cercano y utilizado en remesas familiares.