No es necesario conocer mucho sobre requerimientos constructivos y urbanísticos para comprender que en diversos lugares del territorio nacional las ciudades han crecido de forma desmedida y sin ningún tipo de planificación. Tal realidad es consecuencia de la falta de exigencia y disciplina que subsiste en las diferentes estructuras de las instituciones a las cuales corresponde exigir por el orden y la legalidad, entre las que se incluye el Sistema de Planificación Física.

Contrario a lo que muchos pudieran pensar, esta lujosa vivienda es la ampliación de un apartamento de este edificio en la localidad de Alamar en el municipio capitalino de la Habana del Este. Como puede observarse, al marcar los límites de la “vivienda”, fue irrespetado el espacio público; todo ello con total impunidad.

Lamentablemente la construcción de viviendas o sus ampliaciones ocurren a la vista de inspectores, arquitectos, dirigentes administrativos o integrantes de las organizaciones políticas y de masas, sin que nadie haya logrado poner freno a tales desmanes.

Quizás muchos de los que habitan en estos "improvisados" barrios, desconozcan los requerimientos técnicos para construir; mas, no por ello están exentos de la responsabilidad legal que implica el irrespeto a las normas. Eso muy bien lo saben las personas e instituciones encargadas de hacerlas cumplir y que hasta el momento han permanecido al margen en la mayoría de los casos. A muy pocos les han impuesto algún tipo de sanción por su actitud inconsecuente.

Más allá de afear o deformar el entorno, las construcciones sin un estudio previo, ponen en aprietos a diferentes instituciones estatales responsables de garantizar a la población servicios básicos como el abasto de agua o las redes telefónicas y eléctricas, por solo mencionar algunos.

"Cuando las construcciones no están planificadas, la empresa eléctrica carece de estructuras para abastecerlas de corriente, lo cual conlleva a los moradores a ‘robar’ mediante las tendederas. Respecto al agua sucede igual, pues sustraen el líquido de las conductoras, afectan la presión de bombeo y pueden ocasionar roturas en las redes", afirma Graciel Rodríguez, presidente del Instituto de Planificación Física (IPF).

Las rehabilitaciones para garantizar mejores servicios a la población, han tropezado en los últimos tiempos con el incremento de ilegalidades, muchas desconocidas por trabajadores e inspectores del IPF, quienes deben dar el "visto bueno" para iniciar cualquier tipo de construcción.

Un ejemplo harto elocuente lo encontramos en la ciudad de Santiago de Cuba, donde se han "descubierto" numerosos barrios ilegales a raíz de la recuperación del acueducto. ¿De verdad alguien puede creer que las instituciones encargadas de controlar este incremento constructivo ilegal no tuvieran conocimiento de ello?

La mayoría de los habitantes de estos barrios están inscritos en la oficina del carné de identidad, reciben los productos normados de la bodega, pertenecen al CDR y forman parte de algún centro de trabajo o estudio... Sin embargo, casi nunca abonan los gastos de electricidad o agua en los cuales incurren, pues reciben estos servicios mediante "inventos" ideados por cualquiera de los vecinos.

¿Qué ha hecho el IPF para evitar la proliferación de las indisciplinas? ¿Han puesto en práctica sus preceptos y regulaciones? Mayoritariamente, solo en papeles han quedado durante años sus normas y exigencias, por lo cual las escasas medidas que han logrado aplicar quedan muy cortas al actual problema.

Es imprescindible restablecer la autoridad del Instituto de Planificación Física, porque el orden constituye tarea prioritaria en este sector; para ello necesitan conjugar esfuerzos entre los diferentes organismos e instituciones a quienes corresponde planificar cada detalle y velar por su cumplimiento.

"En el caso específico de Santiago, atendemos los problemas detectados con la construcción del acueducto de esta ciudad. Sabemos que el inicio será mucho más difícil, pues han sido años de irrespeto e ignorancia a las normativas establecidas, pero aspiramos a retomar nuestro papel rector en el desarrollo urbanístico de las ciudades y evitar así la proliferación de ilegalidades", afirma el presidente del IPF.

Para concretar esta realidad, en la oriental provincia se inician acciones encaminadas a lograr mayor cultura urbanística de los pobladores, asegura Graciel Rodríguez. "Dedicaremos especial atención a la población, pero a la vez vamos a imponer multas, sancionar y demoler construcciones ilegales, prácticas que hasta el momento eran poco comunes".

"Corresponde a nuestros especialistas compartir con los residentes en los diferentes Consejos Populares los estudios y planes que realizamos, intercambio que contribuirá a enriquecerlos. También hemos coordinado con el Comité Nacional de la UJC y el Ministerio de Educación para organizar círculos de interés en las escuelas, así como emplear los medios de comunicación a escala local, para promover estos temas", asegura Graciel Rodríguez.

"En Santiago de Cuba hemos orientado cambiar de lugar los cuerpos de inspección entre distritos, para que no atiendan siempre la misma área y evitar compromisos con los individuos. De igual forma, dos veces al mes se realizarán inspecciones sorpresivas a los barrios más vulnerables a cometer ilegalidades", precisa.

"Si bien es cierto que en la sociedad cubana priman las necesidades de vivienda, no podemos permitir que ello sea una excusa para hacer concesiones a la calidad de las edificaciones. Alcanzar tal objetivo implica garantizar, ante todo, el respeto a las regulaciones establecidas mediante su verdadero conocimiento", valora.

¿Acaso son estas acciones suficientes? Es indudable que mientras continuemos fomentando prácticas paternalistas para enfrentar las ilegalidades, las violaciones seguirán siendo recurrentes y cada vez con matices más complejos.

Para lograr imponer respeto por la ley, el orden y la institucionalidad en nuestra sociedad, resulta prioritario impedir la ocupación ilegal de espacios físicos, lo mismo en la más concurrida ciudad de la nación que en un apartado barrio en la montaña.

A las estructuras de gobierno les corresponde exigir tanto a las instituciones como a la población por el cese de estas indisciplinas sociales, apoyar las decisiones en cuanto a su enfrentamiento y coordinar las acciones necesarias para garantizar la restitución del orden.