La Corte Suprema de Justicia y el presidente colombiano, Álvaro Uribe, mantienen hoy un agudo enfrentamiento a raíz de la condena contra un coronel en retiro por la desaparición de civiles en 1985.

Ante las reiteradas declaraciones de Uribe en contra de esa sentencia y de apoyo al militar, el alto tribunal respondió con un respaldo a la determinación de la jueza que sentenció a 30 años de presión a Alfonso Plazas.

El ex comandante de la Escuela de Caballería fue condenado a esa pena tras ser hallado responsable por la desaparición de al menos 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985, ocupado en ese entonces por el grupo guerrillero M-19 (Movimiento 19 de abril).

Sin embargo, el mandatario y la cúpula militar expresaron en reiteradas ocasiones su apoyo a Plazas y rechazaron la sentencia proferida por la justicia, que al decir de los familiares víctimas de los desaparecidos rompe 25 años de impunidad.

Frente a esta arremetida del gobierno y los mandos castrences, el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, manifestó que todas las instituciones del Estado deben respaldar la determinación adoptada por la jueza que condenó a Plazas.

Los procesos judiciales están actuando y ofrecen garantías para todos los sujetos procesales y debe ser objeto de respaldo de parte de los demás poderes públicos y de la ciudadanía en general", puntualizó.

El magistrado también enfatizó que cualquier pronunciamiento en torno a la validez o no de la sentencia debe hacerse agotando todos los recursos que la Ley otorga, como el recurso de apelación que interpondrán la defensa del oficial (r) y la Procuraduría General de la Nación.

Las palabras de Arrubla se originaron también luego que los familiares de los desaparecidos presentaran públicamente una nota de protesta por las declaraciones de respaldo al condenado.

En opinión de éstos se trata de una nueva injerencia del Ejecutivo en las decisiones de la justicia que, en este caso, derivó en una condena en contra de uno de los oficiales responsables de la operación de retoma del Palacio y la solicitud para que se investigue al presidente de la época, Belisario Betancourt.

La referida sentencia fue proferida ayer en ausencia de Plazas, quien permanece bajo detención en el Hospital Militar Central, donde se recupera presuntamente de los problemas psíquicos que le causaron las diligencias judiciales.

Durante la vista, la fiscalía logró probar que el militar ordenó el traslado de al menos 11 personas que habrían salido con vida de la edificación recuperada a sangre y fuego, y llevadas hasta la dependencia militar, de donde desaparecieron.

En tanto, la defensa de los familiares de los desaparecidos afirmó que los trastornos alegados por Plazas para no estar presente en la vista son una justificación suya para evadir su ingreso en prisión.