Aunque el jefe del Gobierno rumano, Emil Boc, dijo que se había optado por el mal menor, el duro programa de austeridad para "evitar el colapso presupuestario" estipula disminuir el fondo de salarios en un 25% y las pensiones de vejez en un 15%; reducir los subsidios de paro y cortar las subvenciones para los gastos de mantenimiento que se concedían a la población desfavorecida. Todo esto también porque el impacto de la crisis económica en Rumania ha sido más severo que lo anticipado, según ha reconocido el jefe de la misión del FMI en Bucarest, Jeffrey Franks.

Las "recetas malditas" del FMI y la Unión Europea (UE), constituyen la "única opción" para recibir nueva ayuda, luego que la economía rumana colapsara en el 2009, por lo que necesitó un rescate financiero de 20 000 millones de euros, condicionado a recortes presupuestarios y reformas estructurales.

Otros argumentos para justificar "la ayuda" se refieren a que si Rumania no toma medidas de reajuste de los gastos públicos, en el año 2012, la deuda pública —que hoy es del 30%— será de casi un 62% del PIB.

Los sindicatos han anunciado protestas de gran amplitud en respuesta al plan de austeridad de las autoridades. Los líderes sindicales no ocultan el temor a que las reducciones de salarios y pensiones empobrezcan a una gran parte de la población, y a que el alza de los impuestos llegue a ser inevitable.