El departamento policial de Trinidad y Tobago reforzará la 
			seguridad pública tras registrarse una amenaza de muerte a la líder 
			opositora, una protesta en un acto electoral y un ataque con pintura 
			a una parlamentaria, reporta Prensa Latina.
			Según el Comisionado de esa entidad, Gilbert Reyes, se 
			incrementará la presencia de oficiales en patrullas, motocicletas y 
			a pie durante las acciones proselitistas de los candidatos en todas 
			las comunidades de las islas, con mayor énfasis en las áreas más 
			conflictivas.
			Las operaciones indicó- se redoblarán una semana antes de los 
			comicios generales del próximo 24 de mayo para garantizar mayor 
			seguridad en las calles durante el cierre de la contienda, cuando 
			aumenta la excitación entre los seguidores de los partidos en pugna.
			Reyes añadió que iniciaron las investigaciones sobre reportes de 
			un contrato por cinco millones de dólares para asesinar a la 
			dirigente del opositor Congreso Nacional Unido (UNC), Kamla Persad-Bissessar.
			Este miércoles, funcionarios de la agrupación política recibieron 
			una llamada anónima asegurando que al menos tres personas aceptaron 
			la oferta.
			Tras recibir la información, la policía ofreció seguridad 
			personal a Persad-Bissessar, pero esta rehusó el ofrecimiento.
			Por otro lado, las autoridades lanzaron un operativo para 
			capturar a los responsables de un ataque con pintura a la 
			legisladora Alicia Hospedales, del gobernante Movimiento Nacional 
			Popular, mientras realizaba el martes un recorrido por el distrito 
			que representa.
			Según la parlamentaria, el incidente fue perpetrado por un 
			individuo que usaba vestuarios y pancartas alusivas al UNC.
			La policía busca asimismo a los 30 implicados en una protesta 
			masiva efectuada este lunes durante un acto público del candidato 
			del partido opositor, Herbert Volney, quien renunció a su cargo como 
			juez del Tribunal Supremo para postularse para el sufragio.
			Los manifestantes irrumpieron la reunión con un cartel acusando 
			al ex magistrado de liberar a un asesino en 1996 durante su gestión 
			en la entidad judicial.