Cuando a finales de octubre pasado el embajador estadounidense en Managua, Robert Callahan, se atrevió a calificar de precipitada e indebida la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que permitirá al presidente Daniel Ortega presentar su candidatura a la reelección en el 2011, la respuesta enérgica de los nicaragüenses no se hizo esperar.

A la manifestación popular frente a la sede diplomática norteamericana se sumaron los medios de prensa locales, en los que podían leerse frases como "ese embajador yanki debe saber que no está en una colonia de Estados Unidos" o "decimos a Callahan: somos libres y soberanos y nos tienes que respetar". Este jueves quien se equivocó con Nicaragua fue el Parlamento Europeo.

Los eurodiputados, conservadores y liberales, aferrados a la visión colonialista de las viejas metrópolis, condenaron el fallo del máximo tribunal nicaragüense, porque supone una "violación del orden constitucional", y desde Estrasburgo, Francia, instaron a Ortega a "respetar" la Carta Magna de su país. Por si fuera poco, solicitaron a la Comisión Europea, que negocia un Acuerdo de Asociación con América Central, que "recuerde" a Managua que "debe respetar los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos". Son evidentes las ínfulas injerencistas frente a un país pequeño, pero digno.

De estas "buenas intromisiones" está empedrado el camino al infierno, y el pueblo de Sandino lo sabe bien. Prueba de ello son las medallas al dictador Somoza, la hostilidad de Washington tras el triunfo de la Revolución sandinista en 1979 y los 16 años de privatizaciones y corrupción, en una nación secuestrada por el neoliberalismo. Por entonces, el dedo acusador europeo no se dignó a aparecer.