Arizona va en camino de convertirse en el primero de los Estados Unidos en tipificar como delito la mera presencia de inmigrantes indocumentados.

Políticos de Arizona vuelven a promover proyectos de ley que convertirían en delito el ingreso sin autorización en el estado, lo cual permitiría a la policía arrestar a cualquiera que atraviese ilegalmente la frontera hacia este territorio.

Este estado del sudoeste de Estados Unidos es considerado por expertos un laboratorio de políticas anti-inmigrantes. En el 2007, Arizona aprobó uno de los regímenes más duros de sanciones contra los patronos que contraten mano de obra extranjera ilegal.

La campaña por la aprobación de la norma denominada apoyemos a nuestras agencias del orden público y a nuestros vecindarios seguros, se lanzó luego de que el gobierno central estadounidense restringió la autoridad de la Oficina del Sheriff del condado de Maricopa en materia de migraciones.

La aplicación de las leyes migratorias es considerada una facultad del gobierno federal, pero Arizona le ha asignado a las policías locales el poder de detener y de deportar a extranjeros indocumentados. Washington avaló esa práctica en la presidencia de George W. Bush (2001-2009).

"Los ‘feds’ (funcionarios federales) han estado ausentes y ahora les niegan a otros la posibilidad de cumplir con su tarea", dijo Russel Pearce, miembro del Senado de Arizona en representación del opositor Partido Republicano.

Pearce cree que la policía local tiene, inherentemente, la autoridad de hacer cumplir las leyes migratorias federales. También piensa así el sheriff de Maricopa, Joe Arpaio, una de las figuras más controvertidas del estado y de todo el país.

En el condado viven casi cuatro millones de personas. Arpaio, quien se jacta de ser el sheriff más duro de Estados Unidos, es la máxima autoridad de la policía local.

El Departamento (ministerio) de Seguridad Interna despojó a los sheriffs de la autoridad para aplicar las leyes migratorias.

Pero Arpaio cuenta con una de las principales fuerzas de policía anti-inmigrantes, tanto en las calles y campos de Maricopa como en las cárceles, para lo cual debió sellar un acuerdo con el Departamento de Seguridad Interna, que lo exceptúa del artículo 287(g) de la Ley de Migraciones.

Pero el actual subsecretario (viceministro) de Seguridad Interna, John Morton, dijo que las acciones de Arpaio no eran consistentes con el nuevo programa federal en la materia, el cual ordena la captura de inmigrantes ilegales solo si cometen delitos graves.

La réplica de los políticos conservadores de Arizona no se hizo esperar. El nuevo proyecto de ley local también cuenta con el apoyo de la Asociación de Policías de Phoenix (PLEA).

Pero es posible que la iniciativa quede por el camino. En los dos últimos años, versiones similares del mismo proyecto fueron aprobadas por la legislatura y vetadas por la entonces gobernadora Janet Napolitano, actual secretaria (ministra) de Seguridad Interna en Washington.

Y este mismo año, el Congreso legislativo de Arizona dejó de lado 27 proyectos de ley, que habrían ordenado mayor represión contra los inmigrantes ilegales.

En 2006 se aprobaron en las urnas cuatro iniciativas legislativas sobre inmigrantes ilegales —entre ellas declarar el inglés idioma oficial del estado— con 70% de los votos.

"Derrotaremos esas leyes en los tribunales", dijo el abogado penalista Antonio Bustamante, crítico fervoroso del sheriff Arpaio, para quien el proyecto en ciernes es claramente inconstitucional, pues propone que autoridades locales regulen un área reservada al gobierno federal.

Hasta ahora, los jueces han dejado tales iniciativas sin efecto. Ahora están en curso los procesos de apelación.

Mientras, Arpaio esgrime leyes estatales para continuar implementando redadas en barrios y empresas de predominio latino. En la última, sus agentes arrestaron a 66 inmigrantes que se trasladaban en automóvil.

En una conferencia de prensa, Arpaio explicó los criterios utilizados para determinar quiénes serían arrestados, lo cual levantó una espesa polvareda. "Carecer de (documento de) identificación, parecer que acaban de llegar de México y admitirlo. Eso es suficiente", dijo.

El Departamento de Justicia (fiscalía general federal) investiga si este sheriff recurrió a la ilegal práctica policial y de inteligencia denominada "racial profiling" o "perfil racial" (elaboración de "perfiles criminales" o vigilancia selectiva sobre la base del origen racial y religioso).

"Se burla de su propio gobierno y, en ese proceso, separa a los padres de sus hijos", dijo el inmigrante indocumentado Francisco Rojo, quien fue a trabajar en bicicleta en el día de la redada para evitar ser arrestado. "Sinceramente, espero que el presidente Barack Obama haga algo para detenerlo", agregó Rojo.