El pasado 30 de octubre representantes del gobierno legítimo y de la dictadura acordaron someter al Congreso Nacional la restitución del presidente Manuel Zelaya y crear un gobierno de unidad y reconciliación.

Ese pacto, bautizado como Tegucigalpa San José, fracasó cuando el jefe del régimen, Roberto Micheletti, intentó formar un gabinete, encabezado por él mismo, y el Parlamento postergó la votación sobre el retorno del gobernante constitucional al poder.

Zelaya, quien se encuentra en la embajada de Brasil en esta capital, denunció que los golpistas están tramando ahora sustituir a Micheletti por otro testaferro para dar legitimidad a las elecciones del 29 de noviembre.

Quiero denunciar que intentan presentar la renuncia de Micheletti y poner a otro testaferro ahí para tratar de engañar a la opinión pública mundial y poder celebrar las elecciones, advirtió.

Tanto el presidente legítimo, como el Frente Nacional contra el Golpe de Estado, manifestaron su desconocimiento de un proceso electoral carente de legitimidad.

El Frente, que agrupa a decenas de organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, políticos progresistas y representantes de otros sectores, pidió a los candidatos retirarse de la contienda.

Esta semana el aspirante independiente a la presidencia Carlos H. Reyes presentó su renuncia por considerar que las condiciones tras el golpe de estado no permiten unas elecciones libres y transparentes.

Hemos hecho consultas en diferentes ciudades, de diferentes maneras, entre más de once mil personas y el 96 por ciento nos dijo que era mejor no participar. No hay garantías para estos comicios", aseguró Reyes.

Estados Unidos, que maniobró para dilatar la crisis, ahora pretende reconocer las elecciones bajo el régimen de facto, denunció la resistencia.

Según el embajador estadounidense en Honduras, Hugo Llorens, los comicios "volverán al país al camino de la democracia".

Sin embargo, la mayoría de los gobiernos y organismos como la ONU, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Grupo de Río y otras instancias advirtieron que no reconocerán las elecciones si antes no es restituido el presidente constitucional.

El 28 de junio militares encapuchados secuestraron al presidente y lo llevaron por la fuerza a Costa Rica.

Después de dos intentos infructuosos por regresar, Zelaya ingresó sorpresivamente al país el 21 de septiembre y desde entonces se encuentra en la sede diplomática brasileña, rodeado bajo un fuerte dispositivo policial y militar.

Ante el fracaso de los acuerdos para el retorno a la institucionalidad, la OEA convocó hoy a una reunión extraordinaria a fin de analizar la prolongación de la crisis en Honduras, que ya lleva casi cuatro meses y medio bajo el golpe de Estado.