De las 200 000 personas que a diario se trasladan en la provincia de La Habana, más de 80 000 hacen uso del servicio que brindan los porteadores privados en camiones y camionetas. Tal como muestran las cifras, son de gran utilidad.

Transportar más pasajeros de los admitidos en la licencia operativa pone en peligro sus vidas.

Pero contribuir a "aliviar" la difícil situación que muestra el territorio en la transportación de pasajeros, no puede implicar maltrato, alteración arbitraria de precios y rutas, abarrotamiento del vehículo poniendo en peligro vidas humanas... Tampoco significa impunidad con los infractores.

Sobre el tema debatieron el pasado 20 de octubre los porteadores privados de Artemisa, Guanajay, Bauta y Caimito con las autoridades del Gobierno, del Partido, y dependencias de los ministerios del Interior y de Transporte. Algo quedó claro: No se trata de prescindir de ellos, sino de reorganizar y controlar sistemáticamente el servicio.

Legales e ilegales

Actualmente en el territorio habanero existen 137 porteadores privados con licencia operativa de transportación. De ellos, trabajan diariamente unos 60.

Camiones y camionetas deben estar basificados en las terminales, cumplir rutas y frecuencias, y cobrar los precios establecidos.

Se estima que otros 90 realizan la actividad de manera ilegal. Esto provoca indisciplinas en la vía —como el exceso de velocidad—motivadas, esencialmente, por el "pirateo" del pasaje. Todo ello sin pagar impuestos a la Oficina Nacional Tributaria, y con rutas y horarios no planificados. Incluso es usual que camiones y camionetas carentes de licencias recojan pasajeros en las propias terminales, para disgusto de quienes las poseen.

La mayoría de los que hoy realizan la actividad "por la izquierda" desean legalizar su situación; sin embargo, no se están otorgando nuevas licencias operativas de transportación de pasajeros para camiones y camionetas.

Luis Planas Igarza, director de la Unidad Estatal de Tráfico de La Habana, informó a Granma que este año la provincia ha incrementado el otorgamiento de dichas licencias a porteadores privados, pero de equipos ligeros.

La entrega de la autorización a poseedores de camiones y camionetas está sujeta a un estudio que actualmente realizan en la provincia, pues conlleva la asignación de combustible. No es el caso de los equipos ligeros, en los que el consumo del mencionado recurso corre a cuenta de sus titulares.

Según estimados, la provincia debe trabajar con unos 160 porteadores de camiones y camionetas. En cuanto tengamos el petróleo se otorgarán nuevas licencias operativas, afirmó Luis Felipe Hernández Hernández, director provincial de Transporte; aunque advirtió que no a todos los solicitantes, pues esto deberá responder, amén de la demanda del servicio, a la existencia de combustible.

La solución podría ser, dijo, destinar a los porteadores parte del combustible que la provincia ahorra desde hace unos meses con el reordenamiento de la transportación de cargas, lo cual está en análisis. Entonces, estaremos en condiciones de fijar precios por tramos, lograr mayor control sobre estos transportistas y exigirles el cumplimiento de los contratos, añadió.

Hoy solo entregan un nivel de petróleo a porteadores que realizan viajes a zonas rurales, quienes cumplen un objetivo social: trasladar estudiantes por la mañana y devolverlos por la tarde a los asentamientos.

¿Son uno, dos o cinco pesos?

El precio del pasaje establecido una década atrás para los camiones, por ejemplo, es de un peso para tramos entre 0 y 15 kilómetros; dos pesos para distancias de hasta 30 kilómetros. Esto lo saben los porteadores, pero declaran abiertamente cobrar cinco (algunos más).

El tema del no aseguramiento del combustible es retomado: En los últimos años el precio del petróleo en CUPET se ha triplicado y hoy cuesta un CUC el litro. Si desde el cine Lido (ubicado en el municipio capitalino de Marianao) hasta Guanajay un camión consume 30 litros, ¿cómo costear el viaje?, preguntaron. La situación provoca ilegalidades, al adquirir el producto en la llamada bolsa negra, donde aseguraron tiene un costo de cinco pesos el litro.

Otros gastos corren también a cargo del particular, como la adquisición de gomas, aceite y piezas de repuesto.

Concluido el análisis casuístico en los 19 municipios habaneros, se elevará al Consejo de Administración Provincial el estudio sobre estos temas, explicó Luis Felipe.

El necesario reordenamiento de la actividad, agregó, abarcará también el contrato individual con cada porteador privado, su enrutamiento en las terminales y un régimen disciplinario de trabajo (horario de salida, cumplimiento de frecuencias, etc.) que evite la competencia entre porteadores, la cual pone en peligro la vida de los pasajeros.

Apuntó que al estar "enrutado" en una terminal, a los vehículos se les garantizarán —además del combustible—, el mantenimiento, las reparaciones y el suministro de accesorios y piezas de repuesto, como un ómnibus más.

La fiscalización y control sistemático están llamados a ser contrapartida de las infracciones que a diario cometan los transportistas privados.

Severo Bernal López, jefe del Departamento de Inspección Estatal de la Dirección Provincial de Transporte (DPT), subrayó que entre las indisciplinas más detectadas están: transitar sin tener la documentación del vehículo en regla, sin licencia operativa y con ausencia del propietario. También figuran la violación del precio, el exceso de velocidad y la cantidad de pasajeros.

Las medidas tomadas incluyen desde actas de advertencias, multas y retiro de la licencia operativa, hasta el decomiso del carro.

Abogó por mayor cohesión en el trabajo de inspección. Tenemos 14 inspectores trabajando a nivel provincial, dijo; pueden parecer insuficientes, pero en cada municipio existen, además, inspectores integrales, los populares¼ Hay que engranar el mecanismo para que la estructura funcione con eficacia.

Luego que en este diario se publicaran los teléfonos de la DPT de La Habana (648-90-85 y 640-26-23) para que la población emitiera quejas o recomendaciones, las llamadas han sido numerosas. El pasajero se convierte así en un inspector de primera línea. Queda a las autoridades analizarlas y tomar las medidas pertinentes, para que no exista impunidad.