El jefe del gobierno golpista de Honduras, Roberto Micheletti,
aceptó este jueves un acuerdo para restituir al legítimo presidente
de ese país, Manuel Zelaya, previo consentimiento del Congreso, para
poner fin a la crisis, según lo consignó en un comunicado fechado en
Tegucigalpa y citado por Rebelión.
"Autoricé a mi equipo negociador a firmar un acuerdo que marque
el inicio del final de la situación política del país", señaló
Micheletti.
Sobre la posible restitución de Zelaya a la presidencia, expresó
que su gobierno ha decidido apoyar una propuesta "que
permite un voto en el Congreso Nacional, con una previa opinión de
la Corte Suprema de Justicia, para retrotraer todo el poder
ejecutivo previo al 28 de junio del 2009", precisó Micheletti.
Micheletti reiteró, sin embargo, que es la Corte Suprema de
Justicia la que debe decidir la posible restitución de Zelaya.
"También solicitamos a la comunidad internacional derogar todas
las sanciones contra Honduras y enviar observadores internacionales
a las elecciones presidenciales" del 29 de noviembre, señaló.
Mientras, el presidente Zelaya, describió el hecho como un
triunfo para la democracia. "El sólo hecho de que se esté ya
reconocimiendo la necesidad de retrotraer los poderes del Estado al
28 de junio de 2009 significa un triunfo para la democracia y el
retorno de la paz para el país", dijo Zelaya a la emisora Radio
Globo.
No obstante, Zelaya admitió que aún deberán cumplirse varios
pasos para su restitución, y en ese sentido llamó al régimen
golpista a cumplir los términos del acuerdo.
"No es un juego donde se puede vivir especulando. Honduras ha
pagado una cuota de sufrimiento muy grande", advirtió.
El presidente fue secuestrado en su residencia por militares
encapuchados el 28 de junio y llevado por la fuerza a Costa Rica.
Después de dos intentos infructuosos por regresar al país, logró
finalmente entrar de manera sorpresiva el 21 de septiembre y desde
entonces se encuentra en la embajada de Brasil.
De acuerdo con un informe del Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, el régimen golpista ha cometido más de cuatro mil
violaciones de los derechos humanos, entre ellas más de una veintena
de asesinatos y cientos de heridos y detenidos.