Uno de ellos y el de más trascendencia política definirá la anulación o no de la Ley de Caducidad, y el otro pondrá a consideración la posibilidad de que los uruguayos puedan sufragar sin estar en la nación.

Según establece la Corte Electoral de la nación suramericana, ambas consultas se aprobarán si obtienen mayoría simple de las boletas válidas.

En 1986 el Parlamento local aprobó la Ley de Caducidad con el voto de legisladores de los partidos Blanco y Colorado, conservadores, y la oposición del Frente Amplio, ahora en el gobierno.

La norma impide procesar y condenar a castrenses y policías autores de secuestros, torturas y otros crímenes de lesa humanidad entre 1973 y 1985, período de regímenes dictatoriales.

Sometida a consulta popular en 1989, fue ratificada bajo presión de los militares, quienes amenazaron veladamente con un nuevo golpe de Estado si era derogada.

Organizaciones de derechos humanos agrupadas en la Coordinadora Nacional desarrollaron una amplia campaña desde el 2007 para recoger las más de 250 mil firmas necesarias y convocar a un referendo sobre el estatuto.

Bajo la consigna Nunca más Terrorismo de Estado los promotores de la anulación se basaron en el artículo 331 de la Constitución, que habilita a reformar la Carta Magna a través de mecanismos de iniciativa popular.

Luis Puig, dirigente de la Coordinadora, confía en que el 60 por ciento de los votantes haga suya esta causa cuya ética -dijo- está por encima de signos políticos.

Estima Puig que pasará con creces el mínimo requerido para suprimir la ley, por tocar hondamente la dignidad y el sentido de justicia de nuestros compatriotas.

En cuanto a la posibilidad de habilitar el sufragio epistolar para los uruguayos residentes en el exterior implicará, si progresa, aplicarlo a partir del año 2014.