.— Las negociaciones para
resolver la crisis en Honduras continuarán hoy en medio de medidas
extremas de seguridad y el estado de sitio decretado por el gobierno
de facto.
La mesa de diálogo, con tres representantes del presidente Manuel
Zelaya e igual cantidad del gobierno golpista, fue iniciada hace dos
días con la participación de una misión de cancilleres de la OEA.
Los representantes de la Organización de Estados Americanos
viajaron al país para propiciar una solución a la crisis política e
institucional desatada por el golpe militar del pasado 28 de junio.
En un comunicado al término de su estancia, los delegados de la
OEA expusieron ayer que para la realización del diálogo de forma
apropiada son necesarias varias condiciones.
La primera de ellas es el restablecimiento y permanencia de todas
las garantías constitucionales, una solicitud aún no atendida por el
gobierno de facto.
El régimen anunció el lunes último la derogación del estado de
sitio, impuesto el pasado 26 de septiembre, pero las medidas de
excepción se mantienen vigentes aún por su no publicación en la
gaceta oficial.
Los otros dos aspectos mencionados por la OEA son la restitución
de todos los medios de prensa clausurados y que se permita el normal
acceso y consulta de Zelaya con sus representantes en la mesa de
diálogo.
Aunque los primeros informes mencionaron un estancamiento de las
pláticas, la jornada de la tarde de ayer se realizó en un ambiente
más positivo, aseguró a Prensa Latina uno de los representantes de
Zelaya en las pláticas.
Ya hoy hubo avances. La comisión de los golpistas tenía una
actitud diferente, dijo el coordinador general del Frente Nacional
contra el golpe de Estado, Juan Barahona.
Interrogado sobre qué podía entenderse en ese cambio de actitud,
Barahona respondió: Pues pareciera que hay un interés en entrarle
seriamente al diálogo.
Tenían una actitud diferente. Creo que para nosotros es un logro,
apuntó Barahona, quien explicó que el debate continúa en el primer
punto de la agenda acordada el miércoles en el encuentro inicial con
los representantes del presidente de facto, Roberto Micheletti.
Este está relacionado con la firma del llamado Acuerdo de San
José, una propuesta del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que
establece en su primer punto la restitución condicionada de Zelaya.