Para sancionar a los responsables de la represión policial en la ciudad de El Alto, precisó, con saldo de 68 muertos y más de 400 heridos, recurriremos a instancias nacionales e internacionales, si es necesario.

La víspera, Mayta respondió indignado ante la suspensión de una vista en el Senado, donde la oposición es mayoría, que debía sentenciar al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia(CSJ), Eddy Fernández, acusado de retardar ese proceso.

Nada ni nadie impedirá que los autores de la masacre recordada aquí como Octubre Negro- muchos de ellos asilados en Estados Unidos y Perú-, respondan ante los tribunales, señaló.

Mayta estimó como maniobras dilatorias de grupos neoliberales que aún respaldan a Sánchez de Lozada lo sucedido esta semana en el Congreso.

Asimismo explicó que Fernández ha sido uno de los principales personajes que trabaron desde la Corte este proceso que dura más de tres años.

También Fernández retardó otros casos, agregó, como la adquisición fraudulenta de un avión Beechcraft en 1998 y el juicio al ex prefecto de La Paz Luis Alberto "Chito" Valle por malversación de bienes del Estado.

Por otra parte, subrayó que otro plan del magistrado para trabar el juicio fue que pretendió que los familiares de las víctimas de Octubre Negro notificaran a Sánchez de Lozada en Estados Unidos, donde vive prófugo hace seis años.

Cuestionó además que sea el Senado el escenario que se convierta en tribunal, cuando varios de sus miembros, adversarios del actual Ejecutivo, han manifestado su desacuerdo con ese proceso.

En ese sentido, nombró a los senadores de Poder Democrático y Social (PODEMOS) Roger Pinto, Luis Vásquez, Fernando Rodríguez y Walter Guiteras, quienes expresaron que Fernández ha sido es objeto de persecución política.

"Una de las alternativas es que dispongan no tratar el asunto, dilatarlo al máximo, o declarar que no existen suficientes elementos de convicción para juzgar a Fernández, condenó.

Para Mayta, en este caso se trata de un ejercicio de dignidad, por lo que insistirá hasta que Sánchez de Lozada y sus ex ministros paguen por los delitos cometidos.

Entre tanto, el Gobierno reiteró que apoyará la continuidad del juicio de responsabilidades por el caso Octubre Negro y que no existe riesgo de que sea paralizado por la parte acusada.

De otra parte, las autoridades bolivianas confirmaron que enviaron a Lima la solicitud de extradición para los ex ministros Javier Tórrez, Mirtha Quevedo y Jorge Tórres, asilados en Perú.