De acuerdo con la fiscal general, Luisa Ortega, con el acto del legislador por el Distrito Capital queda oficializado el caso, lo cual desencadenará las investigaciones pertinentes.

Es una cuestión formal, sin la denuncia no podemos hacer nada, explicó la funcionaria.

Luego de las declaraciones del ex directivo del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) Rafael García y del confeso sicario de ese propio país Geovanny Velásquez, dirigentes del PSUV y de otras fuerzas políticas han demandado pesquisas al respecto.

Ambos neogranadinos aseguraron la existencia de proyectos para asesinar a Chávez, involucrando en su organización al mandatario colombiano, Álvaro Uribe, y al opositor ex gobernador de estado venezolano de Zulia Manuel Rosales.

Según Velásquez, Rosales sostuvo reuniones con paramilitares para planificar el magnicidio.

Lugares, fechas y el monto pagado para cometer ese crimen (25 millones de dólares) fueron mencionados por el otrora miembro de grupos irregulares, quien cumple 40 años de cárcel por participar en masacres en Colombia.

En las revelaciones también salió a relucir la presunta complicidad de empresarios venezolanos.

Manes (hombres) de plata estuvieron allí, señaló el otrora paramilitar.

A partir de las aseveraciones del ex DAS y de Velásquez, el gobierno y el PSUV consideran que con ellas se ratifican denuncias de ultimar a Chávez para destruir el proceso de cambio llamado aquí Revolución Bolivariana.