.— El secretario de Estado para la 
			Unión Europea (UE), Diego López Garrido, precisó hoy que este bloque 
			regional estudiará la restricción de entrada a personas que hayan 
			apoyado el golpe de estado en Honduras.
			Esta medida, propuesta por España, demuestra la posición europea 
			de cero tolerancia al golpe de estado y a las autoridades que 
			colaboran u obstaculizan la vuelta a la normalidad en el país 
			centroamericano, así como la aplicación de los acuerdos de San José, 
			apuntó López Garrido.
			En la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, el 
			jefe de la diplomacia española, Miguel Ángel Moratinos, anunció que 
			su país a partir de esta semana impediría la entrada de un número 
			importante de personalidades relacionadas con el gobierno de facto 
			de Honduras por entorpecer el retorno del orden constitucional.
			No obstante, el secretario de Estado aseguró que España esperará 
			a que la UE tome una decisión sobre las eventuales sanciones antes 
			de actuar, porque cualquier acción debe seguir una línea de 
			congruencia y armonía dentro de la comunidad europea.
			López Garrido valoró de "éxito" de la diplomacia española la 
			adopción del documento, donde los 27 cancilleres de la UE condenan 
			el golpe de estado en Honduras, la violación de los derechos 
			humanos, además de exigir el retorno del orden constitucional y del 
			presidente Manuel Zelaya.
			El secretario de Estado también precisó que no hay un calendario 
			previsto sobre la adopción o no de más medidas restrictivas contra 
			Honduras. Subrayó que los 27 estados miembros de la UE suspendieron 
			los contactos institucionales con el gobierno de facto de Roberto 
			Micheletti, en señal de no reconocimiento.
			El texto aprobado por los ministros de Asuntos Exteriores señala 
			que la UE estará dispuesta a tomar nuevas medidas restrictivas, 
			incluso hacia los miembros del gobierno golpista, si no se avanza 
			hacia una solución negociada sobre la base del acuerdo de San José.
			Asimismo, reclama a todas las partes implicadas y a las 
			instituciones hondureñas abstenerse de incitar a la violencia. En 
			este sentido, muestra su preocupación por las denuncias de 
			transgresiones de los derechos humanos en el país, las detenciones 
			arbitrarias y la represión de manifestantes pacíficos.
			Los 27 estados miembros de la UE continuarán limitando sus 
			contactos políticos con el gobierno de facto, el congelamiento de 
			los pagos con cargo al presupuesto comunitario y la suspensión de la 
			cooperación al desarrollo. Sólo se mantendrá el apoyo a la sociedad 
			civil y la asistencia humanitaria, concluye el documento.