.— El secretario de Estado para la
Unión Europea (UE), Diego López Garrido, precisó hoy que este bloque
regional estudiará la restricción de entrada a personas que hayan
apoyado el golpe de estado en Honduras.
Esta medida, propuesta por España, demuestra la posición europea
de cero tolerancia al golpe de estado y a las autoridades que
colaboran u obstaculizan la vuelta a la normalidad en el país
centroamericano, así como la aplicación de los acuerdos de San José,
apuntó López Garrido.
En la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, el
jefe de la diplomacia española, Miguel Ángel Moratinos, anunció que
su país a partir de esta semana impediría la entrada de un número
importante de personalidades relacionadas con el gobierno de facto
de Honduras por entorpecer el retorno del orden constitucional.
No obstante, el secretario de Estado aseguró que España esperará
a que la UE tome una decisión sobre las eventuales sanciones antes
de actuar, porque cualquier acción debe seguir una línea de
congruencia y armonía dentro de la comunidad europea.
López Garrido valoró de "éxito" de la diplomacia española la
adopción del documento, donde los 27 cancilleres de la UE condenan
el golpe de estado en Honduras, la violación de los derechos
humanos, además de exigir el retorno del orden constitucional y del
presidente Manuel Zelaya.
El secretario de Estado también precisó que no hay un calendario
previsto sobre la adopción o no de más medidas restrictivas contra
Honduras. Subrayó que los 27 estados miembros de la UE suspendieron
los contactos institucionales con el gobierno de facto de Roberto
Micheletti, en señal de no reconocimiento.
El texto aprobado por los ministros de Asuntos Exteriores señala
que la UE estará dispuesta a tomar nuevas medidas restrictivas,
incluso hacia los miembros del gobierno golpista, si no se avanza
hacia una solución negociada sobre la base del acuerdo de San José.
Asimismo, reclama a todas las partes implicadas y a las
instituciones hondureñas abstenerse de incitar a la violencia. En
este sentido, muestra su preocupación por las denuncias de
transgresiones de los derechos humanos en el país, las detenciones
arbitrarias y la represión de manifestantes pacíficos.
Los 27 estados miembros de la UE continuarán limitando sus
contactos políticos con el gobierno de facto, el congelamiento de
los pagos con cargo al presupuesto comunitario y la suspensión de la
cooperación al desarrollo. Sólo se mantendrá el apoyo a la sociedad
civil y la asistencia humanitaria, concluye el documento.