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La diputada del partido Unificación Democrática (UD) de Honduras,
Silvia Ayala, denunció hoy aquí el incremento de la represión y
criminalidad en su país a más de 50 días del golpe de Estado
perpetrado por fuerzas de ultraderecha.
En exclusiva con Prensa Latina, la funcionaria, participante en
el Foro de Sao Paulo que se celebra en la capital mexicana, destacó
que todas las acciones del gobierno de facto de Roberto Micheletti
tienen como objetivo garantizar su estadía en el poder y evitar la
vuelta del presidente legítimo, Manuel Zelaya.
Mientras, agregó, se agudiza la lucha desde el frente de
resistencia contra el golpe, que ha incorporado nuevos actores,
intelectuales, escritores, artistas.
Entre las estrategias se constituyó el frente de abogados en
resistencia, equipo de profesionales del derecho que en todo el país
está asumiendo gratuitamente la defensa de los procesados
criminalmente por su participación en las manifestaciones pacíficas.
Asimismo, destacó Ayala, estamos asumiendo la defensa y asesoría
jurídica de quienes han sido despedidos en sus centros de trabajo
por estar vinculados con los protestantes.
Los abogados trabajan, además, en la documentación de todas las
acciones consideradas crímenes de lesa humanidad y las violaciones a
derechos humanos por parte de las fuerzas militares al mando del
gobierno ilegítimo, el cual el pasado 28 de junio sacó a Zelaya de
su casa y su puesto y se instauró inconstitucionalmente.
Entre las acciones que tienen previstas, la representante de UD
explicó a esta agencia la preparación de un ejercicio en San Pedro
Sula, la segunda ciudad de importancia luego de Tegucigalpa, para
imponer una denuncia criminal contra el jefe de la policía de la
zona noroccidental, responsabilizándolo directamente de los delitos
y violaciones de centenares de manifestantes.
La diputada rechazó la maniobra de los medios de comunicación de
ultraderecha que aseguran que ella y el secretario general del
partido, Martín Pineda, están en México para pedir asilo político,
asimismo denunció que la persecución selectiva contra organizaciones
y su partido político se han agudizado.
Ahora, comentó, nos acusan, al igual que al mandatario legitimo,
de recibir financiamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC).
El objetivo de esto es, según la diputada, generar una reacción
adversa y de temor por parte de la población, así como justificar
acciones contra el partido y su dirigencia.
La representante hondureña de las marchas pacifistas comentó
igualmente sobre las audiencias desarrolladas esta semana por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se recibieron a
actores políticos y sociales, así como a la prensa afectada por la
represión. Esperamos que el informe final de esta cita sirva para
documentar todas las violaciones, que sean la pauta para proceder
contra los golpistas ante la corte penal internacional, por los
crímenes de lesa humanidad que están cometiendo en nuestro país,
destacó durante la entrevista.
Sin embargo, consideró que lo más importante de todo es que la
voluntad y deseo de lucha de los hondureños se mantiene y cada día
se suman más actores para exigir justicia en un país donde la
democracia es puesta de lado por la criminalización.