Dos de esos trabajadores, Víctor Alfaro y Walter Rodríguez, informaron a Prensa Latina haber expuesto su caso a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra en el país.

Alfaro precisó que tras el golpe militar iniciado la madrugada del domingo 28 de junio pasado se les impidió incluso entrar al palacio de gobierno a recoger sus pertenencias.

Añadió que no se les han pagado los salarios a los que tienen derecho porque no han sido despedidos formalmente, ni las prestaciones en los institutos del Seguro Social y de Jubilaciones y Pensiones.

Rodríguez, un electricista del personal de mantenimiento, apunto que las familias de los 173 trabajadores enfrentan el hambre y el corte de servicios de agua y electricidad por falta de pagos.