Poner coto al desorden en las vías, exigir a cada cual según su responsabilidad, imprimir rigor a las sanciones y otorgar un verdadero poder de decisión a las comisiones municipales de vialidad y tránsito, estuvieron entre los reclamos de los diputados de la comisión de Defensa del Parlamento cubano para lograr que a la seguridad vial llegue la necesaria institucionalización.

La cifra de más de 10 660 accidentes acaecidos el pasado año ponen con fuerza el tema en la agenda parlamentaria. Oscar del Toro, inspector general de la Comisión Nacional de Vialidad y Tránsito, explicó que se trabaja en la presentación de un nuevo proyecto del Código de Vialidad y Tránsito para su aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular, y en la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Vial, ambos documentos permitirán implementar una política de Estado coherente y a largo plazo. En este tema, precisó, no bastan expresiones de buenos deseos.

El coronel Francisco Buzón, jefe de la Dirección Nacional de Tránsito, dijo que es fundamental concebir el problema de la seguridad vial como un fenómeno de sostenibilidad, pues lo que no se haga con rigor tiene un alto costo social y económico. Sobre los cuantiosos recursos que se necesitan para mejorar las vías precisó que se reciben de forma aislada por parte de los organismos, de ahí la importancia de regularizarlo en un plan de seguridad vial que hoy Cuba no tiene y necesita con urgencia.

Los diputados abogaron también por cambiar la mentalidad de pedir excesivamente al Estado y en cambio darle más. Entre las soluciones aportadas con el fin de aliviar el monto de dinero que el país debe asumir para restablecer las vías estuvo aumentar el pago del peaje y el impuesto sobre el transporte terrestre, cifras irrisorias y sobre las cuales existe mucho descontrol. Coincidieron en la necesidad de proponer formas eficaces de autofinanciamiento.

Denunciaron los parlamentarios la arbitrariedad del cierre de algunas vías, la obstrucción de las calles por basuras o materiales para construir, y los altos costos de las pruebas prácticas de automovilismo que reducen la posibilidad de obtener licencias de conducción a quienes tengan alto poder adquisitivo y abren las puertas al lucro. Tales indisciplinas no siempre reciben sanciones y contribuyen a perpetuar el desorden y la anarquía.

Defendieron la necesidad de otorgar al municipio recursos y poder de decisión para solucionar en su espacio los problemas del tránsito, lo que contribuiría a ahorrar, pues, como ejemplificaron, arreglar a tiempo un bache o una señal impedirá que las dificultades se acumulen y luego resulte un dilema resolverlas.