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El gobierno boliviano insiste en que sancionen a los responsables de
una masacre de campesinos perpetrada en septiembre último en la
región amazónica de Pando, proceso que hoy impulsa una comisión
parlamentaria.
De acuerdo con el vicepresidente del país, Álvaro García, el
grupo de trabajo de la Cámara baja que investigó la matanza de unos
18 labriegos de la que responsabilizan al ex prefecto Leopoldo
Fernández, apresado en La Paz, debe concluir su labor.
La autoridad señaló que han pasado nueve meses y aún los
organizadores y ejecutores de la represión contra los originaros en
las localidades de Porvenir y Filadelfia están prófugos de la
justicia o no han sido notificados.
En ese sentido, García pidió una condena dura y ejemplar para los
autores intelectuales y materiales de la matanza de los labriegos
afines al gobierno de Evo Morales.
"No podemos olvidar que campesinos indígenas, que son los
humildes del planeta, hayan sido cruelmente asesinados por decisión
política", remarcó.
El 11 de septiembre de 2008, en la localidad amazónica de
Porvenir, se registró una masacre de campesinos a manos de grupos
civiles armados que se aprestaban a realizar una reunión en la
capital, Cobija, tras la toma de las oficinas regionales del
Instituto Nacional de Reforma Agraria.
Un día después, el gobierno dictó estado de sitio en todo el
departamento y retomó el control del aeropuerto de Cobija.
Para la Fiscalía, el ex prefecto Fernández es el principal
responsable de aquellos hechos de violencia.
Representantes de organismos multilaterales de las Naciones
Unidas, la Unión de Naciones Suramericanas y la Organización de
Estados Americanos que viajaron hacia esa región, dictaminaron que
los campesinos fueron emboscados y asesinados.
García recordó que esos crímenes fueron parte de un frustrado
golpe de Estado civil-militar orquestado por los prefectos
opositores de Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Tarija.
Recientemente, el Ejecutivo condenó la huida a Brasil de varios
implicados en lo que denominó un crimen de lesa humanidad.