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Piden sancionar a responsables de masacre de
campesinos bolivianos

LA PAZ, 12 de junio (PL).— El gobierno boliviano insiste en que sancionen a los responsables de una masacre de campesinos perpetrada en septiembre último en la región amazónica de Pando, proceso que hoy impulsa una comisión parlamentaria.

De acuerdo con el vicepresidente del país, Álvaro García, el grupo de trabajo de la Cámara baja que investigó la matanza de unos 18 labriegos de la que responsabilizan al ex prefecto Leopoldo Fernández, apresado en La Paz, debe concluir su labor.

La autoridad señaló que han pasado nueve meses y aún los organizadores y ejecutores de la represión contra los originaros en las localidades de Porvenir y Filadelfia están prófugos de la justicia o no han sido notificados.

En ese sentido, García pidió una condena dura y ejemplar para los autores intelectuales y materiales de la matanza de los labriegos afines al gobierno de Evo Morales.

"No podemos olvidar que campesinos indígenas, que son los humildes del planeta, hayan sido cruelmente asesinados por decisión política", remarcó.

El 11 de septiembre de 2008, en la localidad amazónica de Porvenir, se registró una masacre de campesinos a manos de grupos civiles armados que se aprestaban a realizar una reunión en la capital, Cobija, tras la toma de las oficinas regionales del Instituto Nacional de Reforma Agraria.

Un día después, el gobierno dictó estado de sitio en todo el departamento y retomó el control del aeropuerto de Cobija.

Para la Fiscalía, el ex prefecto Fernández es el principal responsable de aquellos hechos de violencia.

Representantes de organismos multilaterales de las Naciones Unidas, la Unión de Naciones Suramericanas y la Organización de Estados Americanos que viajaron hacia esa región, dictaminaron que los campesinos fueron emboscados y asesinados.

García recordó que esos crímenes fueron parte de un frustrado golpe de Estado civil-militar orquestado por los prefectos opositores de Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Tarija.

Recientemente, el Ejecutivo condenó la huida a Brasil de varios implicados en lo que denominó un crimen de lesa humanidad.

 

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