La visita de Alston tiene lugar en medio de un escándalo que ensombrece la imagen del gobierno, ante denuncias que involucran a no pocos militares de la Fuerza Pública en la desaparición y posterior asesinato de jóvenes, presentados como presuntos miembros de grupos insurgentes.

El relator es uno de los invitados especiales, junto con el delegado de la Oficina del Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Christian Salazar, en una audiencia en el Senado sobre lo que aquí se conoce como falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales).

Durante su estancia en el país, que concluye el venidero 18 de junio, Alston se entrevistará además con víctimas, familiares de víctimas y testigos de asesinatos, así como miembros de la sociedad civil.

También recorrerá varios de los 32 departamentos que conforman la nación, donde se reunirá con autoridades gubernamentales, miembros del sistema judicial y legisladores.

Al final de su visita, Alston dará una conferencia de prensa en la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bogotá, durante la cual anunciará sus conclusiones preliminares y recomendaciones.

Pese a los intentos del gobierno colombiano por tender una cortina de humo ante los casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, según organizaciones de derechos humanos, denuncias y cuestionamientos de diversos sectores políticos y sociales mantienen latente el escándalo.

A su vez, el gobierno ha sido objeto de duras críticas por cuenta de los llamados "falsos positivos", pues muchos no los consideran casos aislados, si no que "responden a una cultura institucional".

De acuerdo con legisladores, entre 1998 y 2008 ocurrieron en el país entre mil 500 y dos mil casos de ejecuciones extrajudiciales.

A tono con estas denuncias, diversos analistas sostienen que el gobierno es el principal promotor de estas ejecuciones extrajudiciales al aplicar el precepto de que el fin es el dinero.

En este sentido argumentan que el Estado colombiano al ofrecer premios en metálico a quienes dieran de baja a miembros de la guerrilla, desató motivaciones en el Ejercitó y la fuerza pública que redundaron en el asesinato de campesinos, trabajadores o jóvenes desocupados sin ninguna vinculación con la guerrilla, a fin de obtener el dinero.