En el marco del legislativo, varios de sus integrantes recordaron que el convenio ya fue avalado en esta nación y consideraron que en la actualidad no deben incluirse nuevos elementos.

Por su parte, la Cámara de Comercio indicó que los cambios recomendados por congresistas norteamericanos en materia laboral y fiscal podrían ser aplicados en la medida en que Panamá lo considere prudente para beneficio de la población.

No obstante, alertó sobre la necesidad de actuar con cautela en el caso de las normativas de las sociedades anónimas, pues constituyen un componente esencial en la actividad económica del país.

La ratificación del pacto en Washington está sujeta ahora a la realización por parte de Panamá de reformas en materia laboral y fiscal, reclamadas por el país norteño.

En materia laboral se mencionan aspectos como reducir de 40 a 20 la cantidad de trabajadores para constituir un sindicato, además de retirar el requisito de ser panameño con vistas a integrar la directiva de un gremio.

Asimismo, está la posibilidad del derecho a huelga en la Autoridad del Canal de Panamá, situación que no es negociable para el país.

Mientras, en materia financiera se plantea como condición por parte de Estados Unidos el intercambio de información fiscal, con vistas a evitar que empresas y ciudadanos norteamericanos se aprovechen para evadir impuestos.