El primer ministro, Yehude Simon, lanzó duros ataques a la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) porque sus delegados no asistieron ayer a un nuevo diálogo con él y enviaron asesores.

En el fin de semana, el líder de AIDESEP, Alberto Pizango, advirtió que su organización sólo aceptará dialogar con el presidente Alan García y para la anulación de nueve decretos gubernamentales contra los que insurgió la protesta indígena iniciada el 9 de abril.

Los decretos fueron dictados para atender exigencias de un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos y según los nativos abren las puertas a la entrega de la Amazonía a las transnacionales.

El diálogo parece entrampado entre la exigencia nativa, que invoca el hecho DE que las normas no cumplieron la exigencia legal de ser consultadas previamente con los indígenas, y la posición del gobierno, que sólo acepta corregirlas.

Simon dijo que el Estado y la democracia tomarán las medidas que correspondan para darle la tranquilidad al país y restablecer el orden.

El primer ministro sostuvo que lo que se estaría buscando es una justificación para que el Ejército y la policía actúen y pueda haber muertos y echarle la culpa al gobierno.

Alan García descartó el sábado último el uso de fuerzas militares y dijo que su gobierno no quiere muertes, aunque sectores empresariales y medios de prensa oficialistas piden acciones represivas contra la protesta indígena.

Los nativos tienen tomadas dos estaciones de bombeo del oleoducto nor-peruano y un tramo del gasoducto del sur y bloquean varias carreteras y ríos de la selva, donde una flotilla de la armada rompió por la fuerza ayer uno de los bloqueos, lo que fue calificado como provocación.

El comentarista Raúl Wiener escribe en el diario La Primera que los decretos serán finalmente anulados, porque el gobierno no tiene la fortaleza necesaria para ejecutar un baño de sangre para sofocar la virtual rebelión indígena.