A ellos les corresponde cerrar un ciclo que comienza en Occidente, proclive, por definición, a las "ofertas especiales" y los "descuentos increíbles".

También así África sufre el cambio en los hábitos de consumo estadounidenses y europeos, que le llegan disfrazados de bienes de segunda mano o donaciones para salvar la brecha digital entre ricos y pobres, y facilitar en las escuelas el acceso a las nuevas tecnologías. Pero la "ayuda" se acumula en los vertederos tech (tecnológicos).

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el mundo se producen entre 20 millones y 50 millones de toneladas de residuos electrónicos al año, y, a pesar de las prohibiciones, el 70% se arrojaba en Asia, con particular acento en la India, sin embargo, los receptores se han diversificado.

Ghana y Nigeria se han convertido en dos de los destinos preferentes para los viejos televisores, teléfonos celulares, monitores o teclados que arriban al continente; negocio rentable que ahorra a Europa y Estados Unidos el costo de eliminar o reciclar los equipos obsoletos con métodos ambientalmente sostenibles.

El profesor Oladele Osibanjo, director del centro de Coordinación Regional del Convenio de Basilea para África, declaró recientemente a la organización DanWatch que "alrededor de medio millón de computadoras usadas entra a través del puerto de Lagos cada mes, y solo el 25% de estos funciona, un 75% es basura. El volumen es tan grande, que la gente que comercia con él lo quema como si se tratara de un trámite ordinario".

Un informe de Greenpeace señala que en los mercados de chatarra como el de Agbogbloshie, Accra, son los niños quienes manipulan los desechos, sin medidas de seguridad, expuestos a niveles alarmantes de sustancias tóxicas.

Los componentes más cotizados, liberados tras la incineración de los equipos, son el aluminio y el cobre, dentro de los cables, pero las muestras de los suelos recogidas por investigadores de la Universidad británica de Exeter, revelaron además altas concentraciones de plomo, causante de daños en el sistema nervioso y disminución de las habilidades infantiles de aprendizaje, entre otros; cadmio, que provoca vómitos severos, problemas de infertilidad y aumenta el riesgo de padecer cáncer; mercurio, que afecta el sistema nervioso; y cromo, que puede producir alteraciones genéticas y debilitar el sistema inmunológico.

Aunque el fenómeno ha sido en varias ocasiones observado por los organismos internacionales desde lejos, solo a través de informes inocuos, en marzo de 1989 se adoptó el Convenio de Basilea, entre 170 estados. Se trata de un acuerdo ambiental global para regular el trasiego transfronterizo de los residuos peligrosos, y, entre otras cosas, exigir a las naciones desarrolladas notificar a las en desarrollo la llegada de embarques con desechos peligrosos.

El tratado suscitó críticas y protestas tanto de los países subdesarrollados como de grupos ecologistas, por los términos poco estrictos en que estaba redactado. En 1995, la repercusión de los reclamos derivó en una enmienda conocida como la Prohibición de Basilea, que impide exportar residuos peligrosos a los países tercermundistas.

A pesar de ello, los consumidores europeos producen anualmente 8,7 millones de toneladas de desechos electrónicos y solo el 25% se recicla. Unos 6,6 millones de toneladas tienen un paradero desconocido, fácil de conectar con el flujo "oculto" de aparatos electrónicos que llega a África al final de su vida útil.

Mientras, en EE.UU., país que se negó a suscribir el acuerdo, se calcula que más del 70% de las computadoras desechadas, así como cuatro de cada cinco televisores, terminarán en un muladar tecnológico... fuera de sus fronteras.