Esperamos enviar la próxima semana a la Comisión Legislativa una propuesta de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Estado que sustituya a la actual, la cual data de 1979, resaltó Carvajal en entrevista con Prensa Latina.

Puntualizó que el vigente marco global tiene algunas características, es el tradicional de la guerra fría y define las amenazas externas e internas.

Los peligros internos estaban ligados a la posibilidad de grupos insurgentes, generalmente de izquierda, aunque no estaba así expresado, y otro aspecto es que coloca los temas de seguridad y defensa en manos de las Fuerzas Armadas, aseveró.

El titular señaló que esta legislación tiene algunas virtudes, pues de alguna manera el Estado ecuatoriano protegió los intereses nacionales en un período neoliberal, pero que necesita ser renovada y modernizada.

La propuesta de ley modifica e incorpora elementos novedosos como la vida humana y otras problemáticas como los temas ambientales, que tienen hoy una relación directa con el desarrollo.

Aclaró que el tema ambiental se ubica hoy entre los asuntos fundamentales del cambio climático, mientras que recursos naturales como el agua dulce pueden convertirse en factores de desestabilización regional o causa de problemas internos.

Por ello, dijo que la nueva ley se sale del marco de la guerra fría y busca el bienestar de la población, la cual piensa en la seguridad no como el control y vigilancia, sino como la necesaria protección que la sociedad debe darse a si misma y que el Estado debe brindar.

Esta propuesta integra temas de participación en la política de defensa y en su veeduría incorpora una arquitectura profesional en la cual es importante la presencia de civiles, destacó.

A modo de ejemplo, señaló que el jefe de comando de seguridad es un militar en servicio activo y en la nueva legislación indica que podrá ser cualquier persona que el presidente considere necesario.

Ahora la Dirección Nacional de Inteligencia es dirigida por un alto jefe de las Fuerzas Armadas y con la nueva ley esta entidad será dirigida por un civil, nombrado por el jefe de Estado y deberá formular políticas y sobre todo aportar información de interés para los adoptadores de decisiones, agregó.